Varias lecciones importantes nos han dejado los comicios del 7 de junio pasado. Independientemente de los resultados positivos para el gobierno de Peña Nieto, y el aparente desquebrajamiento de la rancia partidocracia mexicana, hay puntos que se deben subrayar en el matiz electoral del país.

Y es que desde el punto de vista político y jurídico, el sufragio popular es un mandato imperativo, es decir, una orden que el ciudadano otorga a un representante, para que lleve a cabo —en su nombre— una función pública. Los resultados de los comicios muestran cómo la ciudadanía ha madurado en el ejercicio de este derecho. Lo que parecía que serían unas votaciones insípidas y aburridas, se convirtió en lecciones muy interesantes:

En primer lugar, la ciudadanía valora la paz e identifica la trascendencia de las elecciones como la vía democrática idónea para elegir a sus gobernantes. A pesar de las amenazas y el chantaje de grupos radicales, en algunos estados, las instituciones electorales funcionaron bien y la jornada se desarrolló con tranquilidad y buena participación en las urnas.

En segundo lugar, los ciudadanos demostraron que ya saben cómo utilizar el voto, que sí sirve y que sí vale. Estas elecciones se caracterizaron por tener la virtud de la incertidumbre. A pesar de las encuestas, gastos excesivos, spots sin fondo ni contenido, campañas fastidiosas y demás, los resultados —en algunos casos— fueron impredecibles.

Y en tercero, y más importante: la mala apreciación que la ciudadanía tiene de los principales partidos políticos. Los resultados electorales reflejan una fragmentación de la votación, como nunca había habido en la historia.

Al final de la jornada, y después de los cómputos, se supo que el PRI alcanzó 29.18%; el PAN 21.01% y el PRD 10.87% de los sufragios. El 39% restante, se repartió entre los otros siete contendientes. Sin embargo, los resultados demuestran que tendrá que mejorarse el funcionamiento de las instituciones, si desean recuperar la confianza que se ha venido perdiendo.

Todo indica, tras los recuentos, que la tasa de participación en las elecciones federales del domingo fue de 46 por ciento aproximadamente, un poco por debajo de la originalmente estimada. Sin embargo, esa cifra rebasa al 41 por ciento de 2003 y al 44.6 por ciento de 2009.Pero las diferencias son enormes entre los estados.

El campeón de participación ciudadana fue Yucatán, donde votó 66.6 por ciento de la lista nominal de electores, y eso que no tenían elección para gobernador, sino sólo diputados locales y alcaldes. Y a la cola está el estado de Chihuahua, donde acudió apenas 32.4 por ciento de los electores.

Las elecciones concurrentes contaron sin duda para que la participación fuera mayor. El promedio aritmético de participación ciudadana en los nueve estados que cambiaron de gobernador fue de 55.6 por ciento, casi diez puntos por arriba de la media nacional. Entre estas nueve entidades, fue Campeche la que tuvo mayor participación, con 60.7 por ciento; le siguió Colima, con 59.6 por ciento y en tercer lugar estuvo Nuevo León con 58.6 por ciento.

En el otro extremo, además de Chihuahua, hubo otras cinco entidades con participación ciudadana inferior a 40 por ciento. De menor a mayor participación, se trata de Oaxaca, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo y Tlaxcala. Entre las entidades con los padrones de electores más grandes, la que menor participación ciudadana tuvo fue el Distrito Federal, que se quedó en 44 por ciento, ligeramente por debajo de la media nacional.
Y fue Jalisco la que mayor participación tuvo, con 52.6 por ciento de participación de sus poco más de 5.5 millones de electores.

Una de las características de la elección del 7 de junio pasado fue el voto de castigo en contra de gobiernos que se percibían como corruptos. El PRD perdió la gubernatura de Guerrero, hay que recordar que este partido fue el que puso a José Luis Abarca como candidato a presidente municipal. Se convirtió en alcalde pero, junto con su esposa, eran los jefes del crimen organizado local. Su abuso del poder llegó al extremo de ordenarle a la policía municipal que detuvieran a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y se los entregaran a la gavilla que regenteaban quienes los torturaron, asesinaron y quemaron. El electorado guerrerense castigó al PRD: ahora será el PRI quien gobernará ese estado.

Y el PRI perdió la gubernatura de Michoacán hay que recordar que este partido fue el que metió a Los Caballeros Templarios alGobierno.Servando Gómez Martínez, La Tuta, acordando con el hijo del gobernador Fausto Vallejo. El electorado michoacano castigó al PRI:ahora será el PRD quien gobernará ese estado. Y el PAN perdió la gubernatura de Sonora. Hay que recordar los múltiples casos de corrupción y abuso de poder del gobernador Guillermo Padrés. Su enriquecimiento inexplicable, la construcción de una presa ilegal en su rancho y la detención injusta de su sirvienta. El electorado sonorense castigó al PAN: ahora será el PRI quien gobernará ese estado.

El PRI perdió la gubernatura de Nuevo León. Los presuntos casos de enriquecimiento inexplicable del actual gobernador, Rodrigo Medina, y su familia, más los del exgobernador, Natividad González Parás, tenían irritadísimos a los neoleoneses. Pero también estaban enojados con los gobernantes panistas que tampoco les habían dado buenos resultados. El electorado neoleonés castigó al PRI y al PAN: ahora será un candidato independiente quien gobernará ese estado.

El PRI perdió la zona conurbada de Guadalajara. Los tapatíos ya estaban hastiados de tantas historias de abuso de poder por parte del gobernador Aristóteles Sandoval y su padre, principal operador político. El electorado tapatío castigó al PRI: ahora serán los candidatos de Movimiento Ciudadano los que gobernarán Guadalajara y otros municipios conurbados.

En todos estos casos, la percepción de corrupción es quizá la razón más importante que explica el voto de castigo. Y seamos claros: todos los ganadores (Astudillo en Guerrero, Aureoles en Michoacán, Pavlovich en Sonora, El Bronco en Nuevo León, los morenistas en el DF, Alfaro y compañía en Guadalajara) tienen un mandato en contra de la corrupción. Será un error si se olvidan de este tema ahora que ganaron.

Pueden hacer muchas cosas al respecto. Nombrar equipos de trabajo con gente honesta dispuesta a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos. Procesar judicialmente a todos los funcionarios que cometieron actos de corrupción para terminar con la impunidad (respetando, desde luego, el derecho al debido proceso de los inculpados). Hay que recordar, por ejemplo, que El Bronco prometió investigar a Medina y González Parás si ganaba. Y Astudillo debe meter a la cárcel a Ángel Aguirre.

Los ganadores pueden, también, tener una política de transparencia total en el manejo de los recursos públicos publicando en el internet todos y cada uno de las licitaciones que realicen sus gobiernos. Desde luego que no deben negociar con el crimen organizado ni sucumbir a sus extorsiones. Y, en el caso de los gobernadores, nombrar fiscales anti-corrupción independientes con capacidad de procesar a funcionarios deshonestos, que sean nombrados con personajes de la sociedad civil.

Otro pendiente en el caso de Guerrero, es que el gobernador electo Héctor Astudillo Flores desarme a las policías comunitarias que cometen actos de barbarie y contra la Ley. El que esto escribe fue balaceado impunemente el viernes de la semana pasada por estos “hampones” que se autodenominan la policía del pueblo. Basta ya.

ES CUANTO.