CHILPANCINGO, Gro., 11 de agosto de 2015.- Diferentes organizaciones sociales solicitaron que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG) restituya la libertad de Marco Antonio Suástegui Muñoz, ante las violaciones a la debida diligencia y defensa del activista.

A cuatro días de que se realice la próxima sesión del TSJEG, las organizaciones instaron a la segunda sala penal a que emita la resolución del recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que Suástegui Muñoz es acusado de robo.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se encuentra detenido desde junio de 2014 y de acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales, ha sido víctima de violación a sus derechos humanos.

“Hemos seguido la situación jurídica del señor Marco Antonio Suástegui desde el momento de su detención, su traslado ilegal y la consolidación de diversos procesos judiciales integrados en su contra, lo que nos ha permitido reconocer que éstos procesos son una clara acción para obstruir su labor como defensor”, denunciaron a través de un comunicado.

También aseguraron que se han utilizado mecanismos ilegales e inconstitucionales para obstruir su derecho a la debida diligencia y a una defensa adecuada.

Destacaron que estas violaciones fueron reconocidas por la Jueza Tercera de Distrito del estado de Guerrero el día 28 de enero del 2015, dentro del juicio de amparo 649/2014, lo que permitió el traslado de Suástegui Muñoz de un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, al de La Unión, en Guerrero.

Ante estas actuaciones, las organizaciones afirmaron que existe persecución hacia el vocero del CECOP y hacia otros integrantes de la organización.

Advirtieron que “la amenaza es continua”, porque las autoridades tratan de imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, hoy bajo el nombre de Proyecto Nuevo Guerrero.

Por ello, instaron a la Segunda Sala Penal del TSJG a que valore con independencia las pruebas que la defensa de Marco Antonio Suástegui presentó en la audiencia de vista del 14 de julio.

Aseguraron que dichas evidencias dan prueba de su inocencia, porque los testimonios en su contra no cuentan con sustento para acreditar lo denunciado, ni documentales que prueben la posesión de los alegados bienes robados del supuesto agraviado.

Por el contrario, indicaron que las pruebas presentadas en su contra demuestran la fabricación de los cargos contra el defensor, poniendo en relieve las claras violaciones al debido proceso que ha enfrentado.

Las organizaciones calificaron como “preocupante” la situación que viven los defensores de derechos humanos y activistas en Guerrero.

Advirtieron que se trata de uno de los estados con mayores índices de amenazas, agresiones y constantes campañas deslegitimadoras en su contra.

“A eso se le añaden las prácticas recurrentes de criminalización y el uso indebido del sistema de justicia penal en contra de personas defensoras en el país y particularmente en Guerrero, donde ha sido documentado en diversas ocasiones que el Ejecutivo ha utilizado estas prácticas para obstruir su labor”, denunciaron a través del comunicado.