Piden visita oficial de la Comisión Interamericana a México

TLAPA, Gro. 11 de agosto de 2014.- Organismos de la sociedad civil, incluido el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) efectuar una visita oficial a México, país que ocupa el primer lugar en peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares ante dicha instancia internacional.

En el caso de Tlachinollan, el centro ha documentado y dado seguimiento en Guerrero a casos recientes de violaciones al debido proceso, fabricación de delitos contra defensoras de derechos humanos, falta de derecho a la alimentación, la desatención y maltrato hacia jornaleras agrícolas, en tanto que han acompañado luchas en defensa del territorio como el caso de San Miguel el Progreso que lanzaron un amparo en contra de concesiones mineras.

Decenas de organizaciones y asociaciones civiles calificaron de urgente la necesidad de que la CIDH actualice su informe y conozca los patrones y causas de las violaciones a los derechos humanos que colocan en relieve, “la enorme distancia que existe entre lo enunciado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la realidad de nuestro país”, destacó un comunicado.

La última vez que la plenaria de la CIDH efectuó una visita a México fue en 1996 emitiendo un informe dos años después. Ahora, aprovechando la visita de la CIDH a México para realizar un periodo de sesiones y audiencias públicas sobre la situación en países como Belice, Costa Rica, Honduras, Panamá, las organizaciones de la sociedad civil entregarán información detallada sobre la situación de derechos humanos, instándole a que vuelva para estudiar a profundidad el contexto actual de México.

Organizaciones, consideran que existe una crisis en el país lo cual constituye un llamado de emergencia a las instancias internacionales de derechos humanos, asimismo reprochan que a pesar de que existen avances históricos a nivel constitucional en la materia, las reformas no han transformado una realidad que incluye decenas de miles de personas desaparecidas, ejecutadas, torturadas y víctimas de la violencia impune, lamentaron.

Otro punto corresponde a la militarización de la seguridad pública que ha provocado un aumento importante en las violaciones graves a derechos humanos sin lograr erradicar la violencia. Aparte, “a dos años de entrar en vigor el nuevo sistema penal en el país, las detenciones arbitrarias y la fabricación de culpables siguen siendo el modus operandi del sistema de procuración de justicia, mientras el Relator sobre Tortura de la ONU caracteriza la tortura en México como generalizada”, informaron.

Respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, México vive una etapa de retrocesos bajo las reformas estructurales”impulsadas por el Ejecutivo Federal que concentran las riquezas del país en las manos de unos cuantos, precarizan el trabajo e imponen a la población los costos del despojo de los recursos naturales, relata el texto.

Como ejemplo las organizaciones señalan el esquema impulsado por el Gobierno Federal en materia de hidrocarburos, visto como la principal amenaza que pesa sobre el derecho de los pueblos y comunidades a su tierra y territorio. La situación para grupos en situación de mayor vulnerabilidad como los migrantes que se trasladan por territorio mexicano son víctimas de secuestro, violación sexual, extorsión y otros abusos.

En cuanto a la situación de la violencia contra la mujer, lamentaron que continúa siendo una realidad cotidiana, registrándose altos índices de feminicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres; lo anterior, como consecuencia y síntoma de la desigualdad social y la discriminación generalizada por motivos de género, misma que se vincula con la discriminación por razones de etnicidad, condición socioeconómica y otras.

Además, señalan ejemplos de falta de políticas públicas para atender a los adolescentes, las agresiones a a los pueblos indígenas que se enfrentan al despojo de su territorio, el maltrato a las personas internas en centros penitenciarios, las agresiones contra defensoras de derechos humanos que van desde el uso desviado del sistema penal para criminalizarlas, hasta la aplicación de leyes que priorizan el uso de la fuerza, incluso letal, como única respuesta a la protesta social.

Algunas de las organizaciones y asociaciones firmantes son Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C., Aldeas Infantiles SOS México, Alianza de Trabajadores Agrícolas (AWA), Amnistía Internacional – México, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), Asociadas por lo Justo (JASS), Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Radio Huayacocotla: La Voz de los Campesinos, además de centros de derechos humanos, organismos internacionales y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 22 estados de la República Mexicana).