DISTRITO FEDERAL, Mex., 28 de diciembre de 2013.-  La pobreza que lacera a las comunidades indígenas del estado de Guerrero ha obligado a que familias completas salgan de sus comunidades en busca de trabajo, y por ello entre 2012 y 2013 se registraron 8 mil 400 personas que emigraron a los campos agrícolas, de las cuales el 47 por ciento son mujeres.

En su mayoría indígenas, hablantes de lenguas originarias y analfabetas de entre 16 y 60 años de edad, salen de sus hogares ubicados en zonas marginadas y con pobreza extrema para emplear su fuerza de trabajo en actividades agrícolas, es decir, se dedican a escarbar, deshierbar, plantar y pizcar frutos.

Esta es una realidad que se refleja en el informe “La Montaña de Guerrero, tierra de mujeres migrantes”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y el cual se presentó recientemente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Durante la presentación, Abel Barrera, director de Tlachinollan, explicó que en las comunidades de esta región de Guerrero existen las condiciones propias para expulsar a sus habitantes. Por ejemplo dijo que 38 de los 81 municipios de la entidad están en condiciones de alta marginación, es decir casi el 50 por ciento.

Barrera agregó que las cifras recogidas por este Centro de Derechos Humanos y por el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña muestran la alta movilidad de las mujeres, que pueden ir con sus esposos, en compañía de sus hijos, o que las niñas acompañen a sus hermanos, abuelos o tíos.

Según este informe, la migración no sólo involucra a las personas adultas, sino que incorpora a niñas, niños, jóvenes y mujeres embarazadas que se desplazan a los campos agrícolas sin que haya programas de gobierno para atender sus necesidades ni sus condiciones específicas.

En el caso de las mujeres, destaca que ellas empiezan a trabajar desde los siete y hasta los 50 años de edad sin oportunidades de empleo formal en sus zonas de origen, sin propiedad de la tierra para cosechar, sin acceso a los créditos para el campo, y con magros apoyos del Estado, lo que las hace vulnerables y acrecienta el número de jornaleras.

Ante la importancia que han cobrado las mujeres migrantes, Tlachinollan propuso a los legisladores que fortalezcan el componente social de los programas de atención para las personas jornaleras, porque dijo que la política social no puede limitarse a la trasferencia de recursos, sino que además se asesore a estas mujeres sobre sus derechos laborales.

Asimismo pidió que se promueva un marco jurídico para que los albergues de los campos agrícolas, donde se hospedan las jornaleras, contengan estándares mínimos, que se supervisen estos lugares, y que se diseñen cláusulas que obliguen a las empresas o contratadores a respetar los derechos de estas personas a cambio de  subsidios, así lo informó el portal Yancuic.