Presentan PAN, PRD y PT iniciativa alterna para Protección de Menores

MÉXICO D.F., 10 de septiembre de 2014.- Por considerar que la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, no garantiza el interés superior de la niñez, con carencias de fondo que más que beneficiar a los menores podrían perjudicarlos, senadores del PAN, PRD y PT presentaron una propuesta alternativa para crear la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En conferencia de prensa, las senadoras panistas Mariana Gómez del Campo y María del Pilar Ortega, acompañadas del legislador perredista Mario Delgado y la petista Layda Sansores, destacaron que entre las deficiencias de la iniciativa destacaron la ausencia de un sistema de evaluación que garantice el respeto a los derechos de los infantes, sino que deja en manos del DIF el diseño, implementación, evaluación y protección que deberían recaer en un órgano específicamente creado para ello.

Además, explicaron que la niñez migrante queda en manos del Instituto Nacional de Migración, los deja en estado de indefensión al privárseles de su libertad y dejándolos en las estaciones migratorias, aunado al grave hecho de no diferenciar entre niñez migrante nacional y extranjera.

Del mismo modo, indicaron, no prevé mecanismos eficaces que fomenten la participación de las niñas, niños y adolescentes y es poco clara respecto a los márgenes de responsabilidad del Ejecutivo federal y no delimita las funciones entre los estados y los municipios; asimismo, deja en manos de las legislaturas locales temas como prevenir y sancionar, por lo que las sanciones no serán homogéneas en los estados.

La iniciativa que será presentada este jueves ante el Pleno del Senado de la República busca elevar el órgano rector a nivel presidencial, lo dota de presupuesto propio y lo denomina Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos, que será capaz para determinar el interés superior de cada niña, niño y adolescente, además de que será un órgano desconcentrado.

También, propone un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre Niñas, Niños y Adolescentes, que emita evaluaciones confiables y tenga la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política en la materia.

Establece que, sin importar estado migratorio, ninguna niña o niño puede ser privado de su libertad por faltas administrativas como sucede para los migrantes. Además, atiende las diferencias en términos de movilidad, es decir, las necesidades de los grupos de migrantes internos, desplazados internos, migrantes internacionales, refugiados, solicitantes de asilo, solicitantes de la protección complementaria, apátridas, exiliados y víctimas de trata y tráfico de migrantes.