TIXTLA, Gro., 10 de diciembre de 2013.- Sofía Mendoza Martínez, regidora perredista de Iguala, acusó complicidad del jefe del Ejecutivo estatal, Ángel Aguirre Rivero, en hechos criminales registrados en contra del líder de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona.

“Los asesinatos son políticos, aunque el gobernador diga que no tiene nada que ver, yo digo que sí está involucrado el gobierno”, expresó la concejal y quien fuera pareja del dirigente social asesinado.

Recordó que el 30 de mayo de 2013 desaparecieron ocho integrantes de la UP, luego de protestar en la caseta de cobro de la Autopista del Sol contra el nepotismo del gobierno municipal y en demanda de obra pública, fertilizante y cese a las amenazas contra las organizaciones.

La pareja del extinto Hernández Cardona reprochó que el gobernador nunca los recibió en audiencia, ni les ofreció información alguna, luego de la desaparición de sus compañeros.

A este respecto, comentó que “el gobernador no decía nada, no se sabía nada y a mí se me hace raro porque Iguala es un municipio central de la zona Norte, es el paso a la mayoría de ellos, no es un lugar aislado, hay Policía Estatal, está el cuartel regional militar, está la Policía Municipal y otros cuerpos de seguridad y tal parece que cuando sucedieron los hechos no había nadie”.

Fue cuatro días después de su desaparición, el 3 de julio, que recibieron una llamada de la Fiscalía Regional: “nos hablaron para que fuéramos al Semefo, porque ya habían aparecido los cuerpos de los compañeros, yo pienso que el gobierno del estado, aunque no sea directamente responsable sí tiene complicidad, hay mucha complicidad”, subrayó.

Dijo que esta complicidad queda de manifiesto en el hecho de que ya existe el testimonio notariado de un testigo y aún no existe ninguna acción por parte del gobierno estatal, a esto se suma el juicio de revocación de mandato que solicitó Mendoza Martínez al Congreso local. “También se lavaron las manos y argumentaron que ya terminó el periodo de pruebas”, reprochó.

Los familiares de los activistas de la UP solicitaron, desde un principio, que la Procuraduría General de la República atrajera el caso, ante la negativa del gobierno estatal, bajo la excusa de que el crimen no era competencia del fuero federal. La pareja de Hernández Cardona calificó como “sospechoso” que ahora Aguirre Rivero esté de acuerdo en que la PGR investigue los hechos.