TLAPA, Gro., 01 de abril de 2014.- Emiliano Robles Gómez Mont defensor particular de la líder indígena de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García informó  a sus familiares que dentro del Toca Penal 62/2014 el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito, se revocó el auto de formal prisión  dictado por un juez en Nayarit contra Salgado García por los cargos de delincuencia organizada en modalidad de secuestro.

Con esto, se dictó el auto de libertad con las reservas de ley a favor de Salgado García, por lo que Gómez Mont acudió a comparecer a los juzgados de Tlapa, para exhibir copia certificada de dicha resolución y postura del Poder Judicial de la Federación,  respeto a los hechos investigados en una causa penal así como su forma en que deben ser analizados por el juez natural local.

El abogado señaló que resulta trascedental que los jueces del ramo penal del poder judicial del estado, tomen en consideración para su análisis, que Salgado García estaba en el ejercicio de sus funciones comunitarias, por lo que no constituyen delito que perseguir.

Asímismo hizo incapié en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la resolución la autoridad federal colocó como ejemplo precedentes de casos similares, como lo sucedido en Cherán, Michoacán donde en base a consulta del Convenio 169 de la OIT la población decidió regirse por su propio sistema de usos y costumbres.

Otros argumentos expuestos por el catedrático de la Escuela Libre de Derecho y del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR, recuerdan la validación del actuar de la Policía Comunitaria de Olinalá, adscrita a la casa de justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), dentro la Constitución Mexicana así como la Ley 701 que ratificó el estado de Guerrero.

Aunque por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), en comunicados emitidos en el pasado en los cuales el procurador, Iñaky Blanco insistió en la culpabilidad y acusación contra Salgado García, por una parte y otra la intención de diputados de desconocer la Ley 701, para dar paso a la Ley de la Policía Rural, la vigencia en la que se sustenta el actuar de la Policía Comunitaria marca que ésta forma parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que sus decisiones deben homologarse como actos de autoridades, según la ley estatal.

Afuera de los juzgados de Tlapa, dicha información fue compartida por Gómez Mont y el abogado José Eduardo Cerdeira Janeiro a familiares de Salgado García, quienes expresaron su confianza en que la justicia sea aplicada a cabalidad y se demuestre que la dirigente no actuó de mala fe ni es una delincuente.