Rostros de la violencia femenina en Guerrero (1ª parte)

CHILPANCINGO, Gro., 8 de marzo de 2014.- La marginación social y la discriminación legal hacia las indígenas las ponen en peligro de sufrir un amplio abanico de violaciones hacia sus derechos humanos.

En nuestro país, recurrentemente se atropellan los derechos de las indígenas, muchas veces de forma viciada y a la sombra del Estado.

Las instituciones encargadas de proteger y de impartir justicia no realizan cabalmente sus funciones,  casi siempre hayuna mala o nula defensa legal. También es de alarmar que dichas instituciones carecen de intérpretes para lenguas indígenas.

De acuerdo a un análisis hecho en 2012 por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres),se detalla que las mayor parte de las indígenas que están presas en cárceles de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, no contaron con asesoría legal y mucho menos con un traductor de por medio.

Presentamos los matices de la violencia en varios rostros guerrerenses, que como éstos abundan no sólo en la entidad, sino en el país y el mundo.

Indolencia gubernamental

María Pineda de la Cruz es una mujer indígena oriunda de Yoloxochitl, poblado ubicado en el municipio de Tlacoachistlahuaca. Desde hace más de 23 años se casó con Rufino López, tiempo en el que tuvo que soportar incontables vejaciones hacia su persona.

En entrevista especial para Quadratín Guerrero, relata que estando recién parida de su hija, su esposo pagó con dos toros para poder abusar sexualmente de una familiar suya.

“En 1999 me golpeó, me arrastró, me violó y me dio a tragar clarasol, razón por la cual mis padres me llevaron al hospital de Ometepec.  Los médicos de ese hospital cuando me vieron tan grave, dieron parte al ministerio público”. En esa ocasión su esposo fue detenido, pero poco sirvió, pues  el entonces alcalde de Tlacoachistlahuaca, Arnulfo Gardeño, pagó una multa de 5 mil pesos y con ello se cerró el caso.

Como esa, en muchas otras ocasiones fue violentada por su pareja, obligándola incluso a marcharse para Estados Unidos, sin lograr éxito.

María Pineda denunció en más de una ocasión a su pareja, pero las autoridades no fueron contundentes en la impartición de justicia.

A 15 años de queevidenció ante las autoridades todos los maltratos de los que fue víctima, el ultraje hacia su persona ya no es sólo por parte de su esposo, las instituciones encargadas de la impartición de justicia hacen lo mismo al hacerse de oídos sordos.

Discriminacióny abuso

Martha Barrios de la Cruz es una joven indígena de 27 añosde edad, dedicada a vender artesanías en las playas de Acapulco.  En su recorrido, de playa Tamarindos a la Condesa, hizo una parada en una tienda Soriana para comprar una botella de agua, después de haberla pagado fue detenida con uso excesivo de la fuerza por policías municipales, quienes fueron llamados por empleados de la tienda porque presuntamente había robado otros productos.

Personas que presenciaron la detención, el cómo la sometieron y esposaron, y que por la fuerza  fue subida a la batea de una patrulla para llevársela a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, grabaron con sus celulares el hecho y lo subieron a las redes sociales. Las publicaciones causaron el rechazo de la sociedad hacia los policías: “Así es como los policías le dan la cara a la delincuencia”, “Miren a los valientes policías de Acapulco como se las gastan con los delincuentes”, decían los mensajes.

El caso llamó la atención de las autoridades y de Derechos Humanos, al punto en que el alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, ordenó el cese inmediato de los elementos policiacos que participaron en la  detención.

Esta nos es la única vez en que la joven indígena, originaria de Tlamamacan, ve violentados su derechos humanos, pues la causa de su migración a la ciudad se debe a que en su lugar de origen hay un cacique -Brígido Campos Hernández –,que ha acaparado los manantiales que hay en la comunidad, privando del vital líquido a los pobladores, además de maltratarlos.

Este personaje lleva 15 años mandando directa e indirectamente en el poblado.

Violadas por militares

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, fueron violadas por soldados en incidentes ocurridos en distintos momentos en 2002.

Ambas mujeres fueron valientes para informar de los ataques a las autoridades. Sin embargo, después de 11 años, y de tener que interponer el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se logró la captura de sus agresores.

Tuvo que lograrse el fallo a favor de las dos mujeres. El 30 y el 31 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las autoridades mexicanas a tomar medidas para llevar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.

Los cuatro militares agresores, adscritos al 41 Batallón de la Infantería del Ejército Mexicano, permanecen encarcelados desde el último trimestre de 2013.

Continuará…