CHILAPA, Gro., 27 de mayo de 2015.- Vivir en Chilapa significa, en el peor de los casos, desaparecer o morir a manos de la delincuencia. La estadística juega a la ruleta rusa con los 112 mil habitantes del municipio.

 

Esta demarcación mayoritariamente indígena, ubicada en el segundo estado más pobre del país, pasó desapercibida durante los últimos años.

 

El asesinato de un candidato a la alcaldía, la irrupción de un grupo armado y la desaparición masiva de personas llevaron el nombre de Chilapa a las portadas de los medios más importantes del país y del mundo

 

Mediáticamente, Chilapa se reduce a números macabros: El 9 de mayo 15 comunidades se levantaron en armas, 300 hombres armados y encapuchados irrumpieron en la cabecera municipal, 5 días duró el sitio, 30 personas desaparecieron, 16 familias levantaron la denuncia formal, sólo 14 se mantienen en la lucha por la presentación de sus hijos.

 

Chilapa es otro Ayotzinapa. Me atrevo a decir que es peor”, afirma el empresario José Díaz Navarro, quien padeció en carne propia los estragos de la delincuencia y la incompetencia de las autoridades: Cinco familiares desaparecidos desde el año pasado, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), 10 meses de incertidumbre, ningún resultado.

 

La búsqueda de dos hermanos y tres primos desaparecidos lo convirtió en activista e investigador. En un año y 8 meses documentó 105 asesinatos en Chilapa, con la ayuda del antropólogo social de la Universidad de Alabama, en Birmingham, Chris Kyle.

 

De los 101 cadáveres, 95 eran hombres y seis eran mujeres; 25 cuerpos estaban desmembrados, 17 estaban sepultados.

 

Pero las cifras de la barbarie son aún más aterradoras: al menos 200 desaparecidos en el último año, víctimas de dos grupos del narcotráfico que se disputan la plaza, Los Rojos y Los Ardillos.

 

La estadística crece como un río y casi como una premonición ancestral. El nombre de Chilapa viene de tres vocablos náhuatl que juntos significan “Sobre el río rojo”. Es el municipio que se bañó de sangre en los últimos 16 meses.

 

Para el empresario Díaz Navarro, el peor crimen no lo cometieron los grupos delictivos, sino los gobiernos omisos y cómplices.

 

El mejor y más reciente ejemplo, es que el gobernador Rogelio Ortega Martínez se tardó 12 días en atender a las familias de las personas que fueron “levantadas” por el grupo armado que irrumpió en Chilapa el 9 de mayo y mantuvo sitiada la ciudad durante cinco días.

 

Las familias le dieron al mandatario 48 horas para localizar y entregar con vida a los desaparecidos; al término del plazo, el gobernador simplemente no se presentó.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 11 líneas de investigación; a la fecha se desconocen los resultados.

 

Con una tasa de 54 homicidios por cada 100 mil habitantes, Chilapa está entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo.

 

En Chilapa ya no hay cabida para la gente decente. En Chilapa sólo hay espacio para los delincuentes”, advierte Lizeth Abundis Sanchez, hermana de un joven que fue “levantado” y apareció asesinado 52 días después.