“México no se detuvo, ahora a poner las reformas en acción”, palabras del Presidente Peña Nieto al rendir Segundo Informe de Gobierno, ante su público en Palacio Nacional, y con la plancha del zócalo ocupada de estacionamiento. Grandes anuncios de obras de infraestructura, el redimensionamiento del programa de oportunidades, ahora será “Prospera”. Pero nada sobre la inseguridad galopante ni tampoco sobre el combate a la corrupción.

Muchos analistas e intelectuales han insistido en que una de las grandes reformas pendientes es la legislación sobre corrupción. Francamente ya no sé si deberíamos seguir empujando para aprobar una ley anticorrupción, crear un organismo encargado de prevenirla, investigarla y castigarla o al menos nombrar al titular de la fiscalía anticorrupción que aparece en el organigrama de la Procuraduría General de la República.

Una revisión de la Constitución, las leyes secundarias y un sinfín de reglamentos arroja cientos de referencias a las responsabilidades de los servidores públicos de todos los niveles, a lo que les está prohibido y permitido, a las sanciones a las que se harán acreedores en caso de incurrir en delitos y faltas administrativas y a los procedimientos para imponerlas. Tan solo el Código Penal incluye 13 delitos muy bien especificados y las penas que les corresponden.

Organismos o instancias anticorrupción nos sobran. Ahí están no sólo la casi extinta Secretaría de la Función Pública y las auditorías superiores de la Federación y de los estados sino también los supuestos guardianes de los programas sociales y las contralorías internas de cada dependencia. Está claro que ni la tipificación de delitos y sanciones ni la existencia de organismos para prevenirlos y detectarlos ni la existencia de un sistema de justicia para procesarlos, alcanzan. La ley en este país no basta.

En Guerrero, el Gobernador Aguirre acomoda a sus incondicionales en la Auditoría General del Estado, comprando a los diputados locales, para buscar la gloria de la impunidad, al terminar su gestión. No hay cifras de cuántas de las muchas denuncias sobre presuntas conductas ilegales que a diario leemos en la prensa son investigadas, merecen la apertura de un expediente y son eventualmente castigadas. Seguramente ocurre lo mismo que con el resto de los delitos. Se denuncian alrededor de 10% y se castigan el tres por ciento.

En México se ha tomado la costumbre de evadir los costos legales que corresponderían a los presuntos delitos cometidos por los servidores públicos: desde la investigación hasta la sanción. Se les ha sustituido por el cómodo expediente de los costos políticos. ¿Para qué más leyes si no sirven más que de decoración? ¿Para qué elevar las sanciones si los delitos no se investigan? ¿Para qué más sujetos de transparencia y rendición de cuentas si acaban por evadir la ley con el beneplácito de quienes tienen que aplicarla?

¿Para qué un órgano anticorrupción si la práctica que se ha adoptado es, en el mejor de los casos, remover al funcionario del cargo que ocupa? . Las consecuencias legales son la excepción más que la norma. Se recurre a una especie de justicia privada: se crea una comisión de investigación que sólo por excepción llega a conclusiones; se recurre a los órganos internos de los partidos como las comisiones de honor y justicia o los comités de vigilancia; se anuncia que se auditarán —siempre en un futuro que nunca se convierte en presente— los recursos mal habidos o mal gastados; se remueve del cargo al inculpado, y se llega al extremo del cinismo de pedir una disculpa pública condicionada a que “mi conducta haya ofendido a alguien”. Ningún gobierno y ningún partido se salvan de esta costumbre.

En definitiva, si los tres órdenes de gobierno no ponen un coto al cáncer de la corrupción, nosotros sociedad civil, debemos empezar. Educando a nuestros hijos y jóvenes en los valores de la moral y la ética en las escuelas volviendo a impartir la materia de civismo y demostrando a las autoridades que es la corrupción una asignatura pendiente.

ES CUANTO