Luis Raúl González Pérez activó el delicado mecanismo detonador de una bomba de destrucción masiva… y oprimió el botón. El efecto expansivo de la masacre de Tlatlaya devasta a las instituciones de seguridad, justicia y de Derechos Humanos.

 

La reclasificación de la matanza del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón golpea primero a Raúl Plascencia Villanueva; la decisión del nuevo ombudsman, confirma la pobre actuación del viejo ombudsman, quien por incapacidad, negligencia o tal vez por cuidar su fallida reelección decidió no profundizar en un escándalo que involucraba a las Fuerzas Armadas.

 

El impacto del documento elaborado por la CNDH afecta por igual al Ejército Mexicano, a la Procuraduría de Justicia del Estado de México y a la Procuraduría General de la República. La indagatoria sustenta la hipótesis de una operación orquestada para maquillar lo ocurrido aquella fatídica madrugada. Tortura, alteración de la escena del crimen y ocultamiento deliberado de información, solo son algunas de las irregularidades cometidas por funcionarios locales y federales, lo cual no puede quedar en la impunidad, “caiga quien caiga y pésele a quien le pese”, dirían los clásicos.

 

La investigación a veinte servidores mexiquenses y la publicación de 22 peritajes ordenada por el IFAI –muy a pesar de la PGR– deben tener consecuencias contundentes. La verdad sobre Tlatlaya ha de conocerse sin matices; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su presidente ya cruzaron el punto de no retorno… y nosotros también.

 

EL MONJE LOCO: Alfredo Castillo cumplió un año… y no camina. El Comisionado Federal para la Paz en Michoacán nos tiene con el pendiente de capturar a La Tuta, borrar a Los Templarios, cerrar la puerta a nuevos cárteles, resolver el crucigrama de los autodefensas y la conflictividad social, dar a conocer una estrategia de largo plazo para garantizar la seguridad en Michoacán, investigar en serio la corrupción de políticos locales y el grado de infiltración criminal en las instituciones públicas, y sobre todo, ponerle fecha al fin de la intervención federal en un estado soberano. ¿O acaso piden demasiado los súbditos del Virrey?

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