ACAPULCO, Gro., 15 de junio de 2019.- La representante de la organización Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, Emma Mora Liberato, denunció que la política federal de austeridad y el despido trabajadores de confianza revictimiza a los familiares y viola sus derechos humanos.

En conferencia de prensa en la iglesia de Costa Azul este sábado, la activista dijo que ella resultó afectada por el despido masivo en todas las dependencias federales del país, medida ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aplicada desde el pasado 31 de mayo.

Comentó que a pesar de que su jefe inmediato les entregó cartas de renuncia a ella y a cinco compañeros más, ella no firmó y se sigue presentando como desde hace 28 años a las oficinas de la Secretaría de Economía en este puerto.

“No solo es el tema laboral, sino que tengo a un hijo desaparecido, mi hijo (José Alberto Téllez Mora) que tenía 14 años, y llevamos mi esposo y yo siete años y nueve meses buscándolo. Es una doble injusticia lo que está haciendo el gobierno, pero es importante que la sociedad sepa que muchos trabajamos para poder continuar con la búsqueda de nuestros familiares”, señaló Mora Liberato.

Indicó que sus salarios permiten la operatividad de los programas de búsqueda ante la incapacidad del gobierno.

“El Estado Mexicano es el responsable de la desaparición de mi hijo y ahora violentan mis derechos humanos”, expresó, y criticó que pese a tener 28 años de servicio, les hayan informado a ella y a sus compañeros despedidos que no recibirán una liquidación conforme a la ley, pues se trató de “una orden presidencial”.

Consideró como una doble injusticia, no sólo los despidos, sino que el gobierno federal carezca de recursos para mantener las búsquedas de desaparecidos y la identificación de los restos en fosas comunes.

Emma Mora lamentó que luego del secuestro de su hijo, el expediente siga igual desde hace siete años y nueve meses que ella y su esposo hicieron la denuncia por desaparición de persona.

Asimismo reclamó que tras el anuncio de López Obrador de la asignación de 400 millones de pesos para dar identidad a los 26 mil restos de personas que se tienen en los Servicios Médicos Forenses del país, no se observan avances.