Procesan al comisario de Xaltianguis por asesinato de guardia nacional
¿Qué tienen en común 1998 y 2014 si están separados por 16 años? Que en ambas fechas hubo crímenes sumarios en Guerrero… y que en ambos casos el gobernador era Ángel Aguirre Rivero. Desde luego que también se puede decir qué tienen en común 1997 y 2013, aparte de ser números impares, y la respuesta sería que en 1997 el huracán Paulina devastó Acapulco (y caminos, carreteras y puentes en todo el estado) y que en 2013 el huracán Ingrid –y la tormenta Manuel– devastaron gran parte de Guerrero; ah, y que en ambos casos el gobernador era Ángel Aguirre Rivero. Sólo que de los fenómenos meteorológicos no se puede culpar a nadie. De las matanzas sumarias y/o crímenes de lesa humanidad el que tiene que responder es el Estado.
En 1998 ocurrió la masacre de El Charco, Ayutla, Costa Chica de Guerrero. La madrugada del 7 de junio, 11 personas fueron asesinadas por el Ejército, entre ellas indígenas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM –miembros del recién creado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI–. Y en 2014 ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas más, tres estudiantes entre ellos. Hay hombres que están marcados por la fatalidad, dice Truman Capote en A sangre fría, la crónica del asesinato de una familia en Kansas, Estados Unidos, hecho por dos hombres, Dick y Perry, que planearon robarles desde que se conocieron en la cárcel.
Así Ángel Aguirre, marcado por la fatalidad, ya sea porque el tiempo se le pone en contra –Paulina, Ingrid– o porque la sinrazón gobernó en Guerrero durante sus años en Palacio de Gobierno. Sea cual sea el caso, las tragedias y desgracias anduvieron con él, como Macario llevaba consigo la muerte. Y también fue amnésico. De pronto parecía obnubilado o desmemoriado. De los dos periodos en los que fue gobernador de Guerrero, del primero salió bien librado. En medio de la lucha contrainsurgente en la que estaba metido el Estado mexicano por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994 y el resurgimiento de la guerrilla en Guerrero a partir de 1996, los asesinatos y desapariciones que ocurrieron durante su interinato fueron asumidos por el gobierno federal y no hubo oposición que pudiera contra eso.
Eran otros tiempos. Porque la desaparición de, por ejemplo, el profesor Gregorio Alfonso Alvarado López el 26 de septiembre de 1996, en el Centro de Chilpancingo, acusado por el Cisen de ser miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fue reclamada por su esposa y poco menos. Ella misma contrató a un abogado: Omar Garibay Guerra, que meses después fue a parar a la cárcel acusado de sedición. No fue sino hasta mayo de este año que el Estado reconoció la desaparición de Gregorio y ofreció disculpas por eso.
A propósito, este delito, sedición, fue el favorito del gobierno interino de Aguirre para encarcelar a opositores: Efraín Torres Fierro, del Frente de Defensa Popular, también lo enfrentó, al igual que Benigno Martínez Cruz e Hilario Mesino Acosta, de la OCSS, y Bertoldo Martínez Cruz, del Frente de Organizaciones Democráticas. Mientras que el opositor Ranferi Hernández Acevedo terminó exiliado en Francia, luego de ser perseguido y amenazado de muerte y desaparición. (Ranferi fue asesinado y calcinado en 2017 en la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, junto a su esposa, su suegra y su chofer).
Eran otros tiempos; de este periodo y de lo que se llevó consigo no se habla más, salvo en páginas marginales de movimientos antisistémicos, como ligacomunista23.wordpress, o la ONG hijosmexico.org. Aunque ahora que Ángel Aguirre ya duerme en El Altiplano, tal vez se hable mucho más.
En aquel entonces pocos se atrevieron a decirlo. En 1997 un semanario local llamado Siete Días publicó un reportaje titulado: El de (Ángel) Aguirre, un gobierno que encarcela y mata, en el que se hacía un recuento de los dirigentes partidistas y sociales que habían ido a parar a la cárcel por su activismo en contra de su gobierno –había llegado un año antes, en 1996, tras la caída de Rubén Figueroa Alcocer por el asesinato de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995–; cuántos habían desaparecido y cuántos habían sido asesinados durante ese primer año de interinato.
El director de este medio, Abel Bueno León apareció asesinado meses después en la carretera que comunica a Tixtla. El reportero que escribió ese texto fue llamado a declarar en medio de la investigación de ese crimen porque la esposa de Abel, Ramona Mendoza Téllez difundió una carta del periodista donde responsabilizaba a Aguirre si algo le pasaba. Sólo que el autor del texto fue interrogado en la entonces Procuraduría General de Justicia de Guerrero respecto al reportaje, respecto a si le constaba que el de Ángel Aguirre Rivero fuera un gobierno que encarcelara y matara. Nunca sobre si sabía si Abel Bueno había sido amenazado o si temía por su vida.
Su segundo periodo no fue diferente en estilo, en fatalidad, ya por el temporal, ya por su forma de hacer gobierno. Lo fue acaso porque el Estado se negó a asumir los crímenes ocurridos en su gobierno, y fue también porque ya no pertenecía al partido del Presidente de la República. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no ha sido asumida –tampoco es que hayan sido asumidos los otros, pero protegió a sus hombres– como un crimen de Estado.
En 2010, en medio de un arrebato de inconformidad porque el PRI, dirigido por Beatriz Paredes Rangel, le dio la candidatura a la gubernatura a su primo Manuel Añorve Baños y no a él, Aguirre se pasó al PRD. Era senador desde 2006, aunque llegó al escaño como primera minoría. Para entonces, la ola provocada por la fuerza de Andrés Manuel López Obrador llevó a la senaduría a David Jiménez Rumbo y Lázaro Mazón Alonso.
Zeferino Torreblanca, quien para entonces era el primer gobernador salido de las filas de un partido que no fuera el PRI, supo definir la estrategia que para entonces ya descarrilaba al perredismo nacional. Dijo, cuando fue consultado sobre la llegada de Aguirre como candidato, que el PRD se estaba constituyendo como un partido estercolero.
Más allá del facilismo del adjetivo y por más que la retórica de Porfirio Muñoz Ledo intentara ayudar a recomponer las cosas –cuando se le preguntó al respecto dijo, hábil, que cada quien se expresaba de acuerdo con su paladar–, el tiempo le dio la razón a Torreblanca. La historia contemporánea de Guerrero registrará al gobierno de Aguirre como uno de los periodos con más claroscuros, acaso sólo comparado con el de Rubén Figueroa Figueroa en tiempos de la contrainsurgencia, con más de 500 desaparecidos con nombres y apellidos, documentados en 2002 por la CNDH.
Algo de lo que nada ni nadie pudo salvarlo. La sombra de Ayotzinapa nunca pudo quitársela de encima. Cuando en 2017 quiso lanzarse como candidato a diputado federal, los padres de los 43 tomaron el acto de arranque de precampaña en Ayutla y advirtieron que lo perseguirían durante toda su campaña hasta que no dijera dónde estaban los estudiantes. Entonces Aguirre desistió de su intento. Pero siguió manejando al PRD.
Ya desde 2011 se marcaba la deriva por la que iba el gobierno de Aguirre. El 12 de diciembre de ese año fueron asesinados, durante un bloqueo en la Autopista del Sol, dos estudiantes de la normal: Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Nunca se acreditó quién o quiénes dispararon. Policías judiciales de la entonces PGJE y policías federales se culparon. Aunque peritos de la Procuraduría sembraron casquillos de AK-47, justo en el lado contrario de donde salieron los disparos que mataron a Alexis y Gabriel, para sostener que los estudiantes habían disparado primero.
Como el síndrome de Santiago Nasar, Aguirre parecía no darse cuenta, sólo él, de que nada tendría que hacer ya en la política. A Santiago Nasar lo iban a matar y todo mundo lo sabía en el pueblo, menos él, hasta que alguien le gritó de lejos que corriera, que los gemelos Vicario iban tras él para acuchillarlo, narra Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, pero ya era demasiado tarde. A Aguirre nadie se atrevió a decirle –a sugerirle siquiera– que saliera de la política, porque concibe la política de manera caciquil. Sumisión primero y obediencia ciega después.
El PRD y las tribus que lo protegieron
Es del PRD de Guerrero del que se tiene que hablar para entender qué hacía Aguirre en la vida pública después de la desaparición de los 43. Cómo estaba estructurado en ese entonces. Eran 11 grupos, que se conformaban a su vez en tres grandes bloques, los que se peleaban el control y los puestos de elección popular que pudieran arañar. Entre estos estaba IPG (Izquierda Progresista de Guerrero, que lideraba Ángel Aguirre Rivero). Este, a su vez, conformaba un bloque dentro del PRD junto a Unidad de Izquierda Democrática (UIG), del regidor de Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide, exsubsecretario de Asuntos Políticos en sus tres años de gobierno y exsecretario general del PRD que le abrió las puertas a su candidatura en 2010. Al bloque de Aguirre se plegó otro bloque más –el segundo de tres– que conformaron Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), de Celestino Cesáreo Guzmán y Carlos Reyes Torres; y Democracia Social, del diputado federal Raymundo García Gutiérrez.
El tercer bloque se llamó Frente Amplio Democrático Guerrerense y estaba conformado por siete grupos, chiquillos, minoritarios, aunque un par con cierta presencia. Los dos más importantes fueron: Movimiento Alternativo Social (MAS), encabezado por el diputado local Bernardo Ortega Jiménez; y Nueva Mayoría, del exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre. Los otros cinco fueron más de representación minoritaria: Renovación Guerrero (RG), dirigido por el exdiputado local Perfecto Rosas Martínez; Foro Nuevo Sol, de Roberto Cabrera Solís; Vanguardia Progresista, de Francisco Vergara; Bloque de Izquierda Social, de Yolanda Domínguez Flores; e Izquierda Democrática Nacional, de Juana Esteban Arroyo.
Todos formaban el PRD y respaldaron a Aguirre después del asesinato de Alexis y Gabriel –hasta organizaron una marcha en su defensa en Chilpancingo y exigieron el cierre de la normal– y aún después de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Es curioso: fue la misma fecha, 26 de septiembre, pero de 1996, que se tiene registrada la desaparición de Gregorio Alfonso Alvarado López en el primer gobierno de Aguirre.
El tercer aire que nunca llegó
Con el IPG Aguirre creyó tener oportunidad de un tercer aire. Fuentes consultadas del perredismo dicen que Aguirre cometió muchos errores. Dejó que su sobrino Ernesto Aguirre tomara decisiones sensibles junto a un gabinete que se le desmoronó en las manos, y una Secretaría de Gobierno que en tres años tuvo tres titulares: Humberto Salgado Gómez, Florentino Cruz Ramírez y Jesús Martínez Garnelo.
Y sin embargo quiso. Pese a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, del desfalco financiero por el que estuvo preso su hermano Mateo y uno de sus sobrinos, de más de 287 millones de pesos, Aguirre siguió moviéndose en la política. Y hasta incursionó en el periodismo.
¿Qué es lo que movió a Aguirre a seguir buscando notoriedad? ¿Qué le dio esa seguridad, la misma que, por ejemplo, Rubén Figueroa Alcocer nunca tuvo tras los hechos de Aguas Blancas? En el PRD creen tener la respuesta: sus obras. En el PRD, en el bloque opositor a su grupo dentro del perredismo –consultado para este perfil, pero que pidieron omitir sus nombres– coinciden en que se podrá decir de él lo que se quiera y, con seguridad, no se estará errado, pero algo de lo que no se le puede escamotear son las obras de impacto social que dejó en sus seis años de gobierno diferido.
Porque además de estar marcado por la fatalidad en sus tres primeros años –Paulina, El Charco– creó, por ejemplo, la Filarmónica de Acapulco; construyó infraestructura carretera y edificios públicos que constituyeron significativos ahorros al gobierno: el edificio Vicente Guerrero, por ejemplo, donde se concentraron muchas de las oficinas públicas.
En el segundo periodo –Ingrid, los 43– creó el Sistema Estatal de Orquestas Infantiles Renacimiento –como medida para paliar la delincuencia en la periferia de Acapulco, que en 2012 tuvo un altísimo índice de homicidios dolosos adjudicados a las bandas del narcotráfico, el más alto de la historia reciente–, e hizo el Macrotúnel y el sistema de transporte Acabús, que para el casi millón de habitantes de Acapulco le simplificó la vida.
“Es, fue, un tipo visionario”, dicen dentro del PRD, no sin cierta nostalgia, y por eso, acepta, tuvo cobijo. La obra ahí está, dicen, y nadie podrá negarlo, aunque se ensombrezca a la primera por el costo social que tuvieron sus gobiernos. El Charco, Gregorio, Iguala. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa le pesará siempre y es por lo que hoy está preso. Y sin embargo quiso. Quiso obsequiarle un huipil a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Xochistlahuaca en agosto de 2025 y ésta lo rechazó, acaso como un mensaje que él no supo leer.
Nadie oyó
Trece años después de su primer gobierno, en 2010, cuando el PRD le abrió sus puertas para ser candidato a gobernador de Guerrero, hubo voces que advirtieron a la cúpula perredista sobre su estilo de gobernar, más apegado a la forma caciquil de hacer política y alejado de un gobierno más o menos progresista que decía enarbolar. En el PRD no oyeron, ya se sabe; oyeron sus anécdotas bonachonas sobre el día en que, siendo secretario privado del exgobernador Alejandro Cervantes Delgado –al que siempre llamó su mentor–, un día, caminando juntos en Casa Guerrero, le dijo que le recomendara a alguien para ser secretario de Gobierno, que era necesario, apremiante, nombrar a otro, y entonces supo que se refería a él y que antes de sus 30 sería, acaso, el secretario de Gobierno más joven; ese, dijo, pudo ser su comienzo profesional en la política, hasta que se hizo gobernador en 1996 tras la caída de Figueroa y todo lo que siguió se conoce de sobra.