Apelan abogados de Jesús Plácido su vinculación a proceso

CHILPANCINGO, Gro., 29 de julio de 2026.- La defensa jurídica del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo informó que presentó un recurso de apelación contra la vinculación a proceso dictada en su contra.

Los abogados señalaron que esperan que en un plazo de 15 días, la Sala Penal Unitaria determine que existieron violaciones al debido proceso durante la detención de Plácido Galindo y que la única acusación que existe en su contra, por homicidio preterintencional, fue fabricada.

En conferencia de prensa este miércoles, los abogados Aarón Díaz y Rogelio Teliz, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, así como Javier Rodríguez, de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta), informaron que en el recurso de apelación expusieron diversas irregularidades en el caso de Jesús Plácido Galindo.

Entre ellas señalaron que el juez de control, Ubaldo de la Sancha no tomó en cuenta las pruebas presentadas por la defensa, entre ellas que Jesús Plácido Galindo está reconocido por el Estado mexicano como defensor de derechos humanos y que por esa razón cuenta con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde el 4 de enero de 2024.

Los abogados indicaron también que la detención de Jesús Plácido, ocurrida el viernes 17 de julio, se efectuó mediante un dispositivo en el que participaron más de 40 agentes encapuchados.

Posteriormente, dijeron, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acusó sin pruebas de delincuencia organizada, homicidio calificado y secuestro; sin embargo, en la carpeta de investigación únicamente se le señala por homicidio preterintencional.

Además, explicaron que la carpeta de investigación en la que se acusa a Jesús Plácido se inició en 2022, pero fue reactivada el 3 de junio de este año, luego de que una mujer identificada como Josefina N, declaró en contra del dirigente y lo señaló de haber asesinado a su padre.

No obstante, de acuerdo con la defensa, en la carpeta de investigación no existen más pruebas para responsabilizar a Jesús Plácido Galindo, salvo la declaración de Josefina N y la de otro hombre que falleció en 2022.

Por su parte, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández insistió en que la detención y encarcelamiento de Jesús Plácido responde a una consigna del gobierno estatal, al considerar que existe una campaña en su contra para criminalizarlo y denostarlo por haber evidenciado la falta de atención durante los días 9 y 11 de mayo, cuando fueron atacadas comunidades indígenas de Chilapa y tuvo que intervenir el gobierno federal.

En la conferencia de prensa también estuvo presente Aurea Oropeza Calderón, esposa de Jesús Plácido Galindo, quien relató que el dispositivo para detener al dirigente indígena, en un retén cercano a la cabecera municipal de San Marcos, no fue de rutina, sino que estaba dirigido específicamente a su captura.

Oropeza Calderón acusó que el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, le insistió a Plácido Galindo en dos ocasiones para que acudiera ese día a Acapulco a una reunión importante; sin embargo, nunca le indicó el lugar ni la hora del encuentro.

Sobre la retención de los funcionarios del gobierno estatal Rafael Julián Arcos, Germán Herrera Clemente y un trabajador más, quienes permanecieron una semana en la comunidad de Buenavista, Aurea Oropeza señaló que su liberación fue resultado de un acuerdo de la asamblea comunitaria y no de un diálogo con el gobierno estatal ni con autoridades de San Luis Acatlán.

Afirmó que la liberación fue una muestra de voluntad de la comunidad, debido a que los tres retenidos enfrentaban problemas de salud y sus superiores del gobierno estatal no intervinieron ni acudieron al lugar para dialogar.

Finalmente, indicó que tras la liberación de los dos funcionarios y el trabajador, se firmó un acta de acuerdos en la que el gobierno del estado se comprometió a no emprender acciones legales contra habitantes de Buenavista y se estableció un plazo de tres meses para mantener el diálogo sobre el proceso de Jesús Plácido Galindo.