CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2016.- Los hechos ocurridos en Iguala no pueden quedar impunes ni deben olvidarse, pues son de extrema gravedad, en los que se vulneró la dignidad de las personas, por lo que el caso Iguala es un expediente abierto del que las autoridades de los tres niveles de gobierno sólo han atendido ocho de las 57 recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la Ley y ante la sociedad”, añade la CNDH a través de un comunicado. A dos años de ocurridos los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, aún es asignatura pendiente su total esclarecimiento.

“Si bien las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes. En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación”, añade.

La nota aquí.