CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2018.- Los legisladores de Morena trabajan a marchas forzadas para sacar adelante los temas a los que se comprometieron en campaña, de cara al inicio de la próxima administración federal, por lo que la noche del martes la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, avaló en lo general y por unanimidad por 24 votos a favor, el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política, en materia de fuero e inmunidad.

El objetivo de este dictamen, es modificar las reglas establecidas sobre el fuero o inmunidad de la que gozan los servidores públicos que ostentan altos cargos, como diputados federales y locales, senadores, gobernadores, y hasta el propio Presidente de la República.

Estas modificaciones al fuero buscan que, ante la comisión de un delito por parte de estos servidores públicos, puedan ser sujetos a proceso penal en libertad y privados de ésta para purgar la pena, cuando exista sentencia condenatoria de un juez, respetando la figura parlamentaria constitucional.

Este dictamen, que es el resultado de diversas iniciativas y modifica los artículos constitucionales 38, 61, 110, 111, 112 y 114, destaca que la figura del fuero es uno de los privilegios que mayor desconfianza y recelo provocan entre los ciudadanos, pues dotan a los servidores públicos de inmunidad procesal.

Se aclara que la inmunidad procesal no excluye de responsabilidades civiles o penales a parlamentarios (legisladores) que cometan alguna ilegalidad, sino de una autonomía frente al resto de los Poderes.

De acuerdo con el dictamen, el Poder Judicial de la Federación ha advertido que el llamado fuero constitucional se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y, sobre todo, proteger a la concentración del poder.

“Irónicamente, se ha transformado en el protector e impulsor de la impunidad, que viola no sólo el principio de la igualdad jurídica. Descaradamente pisotea las garantías individuales, por lo cual es indispensable eliminar los privilegios de los que gozan, y se respeten los derechos de los ciudadanos, colocando en un plano de igualdad tanto a éstos como a servidores públicos”, señala el documento.

“Se busca una regulación que elimine el llamado fuero de los altos servidores públicos, como un mecanismo que en los hechos favorece la impunidad, pero sin que ello pueda favorecer la persecución política de los propios servidores públicos y el riesgo que pudiera acarrear en la estabilidad de la función que desempeñan”.

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