CHILPANCINGO, Gro., 26 de septiembre de 2016.- Este 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,  730 días, 24 meses y miles de pasos que han caminado los familiares de los normalistas en busca de la verdad, justicia y exigiendo al gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto entregue una respuesta contundente de los hechos.

La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 de ellos resultaron retenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, según la Procuraduría General de la Republica (PGR). A partir de ese momento, de acuerdo con la versión oficial, nada se sabe de los normalistas.

El 28 de septiembre la PGR arrestó a 22 policías municipales de Iguala, identificados como participantes de los hechos.  Dos días después, el entonces gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero ofreció un millón de pesos para aquella persona que brindara información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.

El 23 de octubre de 2014, Aguirre Rivero se separó del cargo, con el argumento de  “favorecer a un clima político”. Tres días después, el Congreso local designó al académico, Rogelio Ortega Martínez como nuevo gobernador, quien permaneció en el cargo hasta el 27 de octubre de 2015.

El 4 de noviembre, el entonces alcalde de Iguala, el perredista  José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron detenidos en Ciudad de México, señalados como autores intelectuales de la represión a los estudiantes.

El 8 de noviembre de 2014, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam informó públicamente que integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, asesinaron y quemaron a los estudiantes en el basurero municipal de Cocula.

Tras esta versión, en Guerrero se intensificaron las movilizaciones de maestros de la CETEG y el 12 de noviembre de ese año, docentes de la Coordinadora quemaron el recinto legislativo del Congreso del estado e incendiaron vehículos.

Para marzo de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inició su trabajo en México y concluyó que el Ejército y la Policía Federal participaron en el dispositivo del 26 de septiembre de 2014.

También reveló que no encontró evidencia científica que sostenga la versión oficial y se determine que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula. Además,  el GIEI denunció mal manejo de las evidencias forenses que realizaron peritos de la PGR.

El 14 de abril de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló un nuevo video que recreó los hechos de septiembre de 2014, en el que indicó la participación de policías municipales de Huitzuco.

El organismo recomendó indagar el paradero de los videos que las cámaras del Palacio de Justicia, ubicado cerca del puente del Chipote en Iguala, que grabaron la noche del 26 de septiembre. También dictaminó que existe un agente militar que esa noche arribó en una motocicleta y al observar los hechos, tomó cuatro fotografías y se retiró.

A dos años de estos hechos, el caso sigue abierto siendo una herida abierta  en el país y la PRG, a cargo de Arely Gómez anunció que a partir de la segunda quincena de octubre, peritos de investigación de la dependencia apoyados con tecnología LIDAR y antropología forense y organismos no gubernamentales, iniciarán una búsqueda en 80 puntos de Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco.