Blindaje e inmunidad

Las ejecuciones de tres periodistas por razones de su oficio en un periodo de dos semanas en este mes han despertado indignación generalizada dentro y fuera de México, que es el país más peligroso para el oficio que sustenta a la libertad de expresión. El 10 de enero, en Veracruz, fue ultimado José Luis Gamboa Arenas. El pasado domingo, en Tijuana, fue ejecutada Lourdes Maldonado. Cinco días antes, en la misma ciudad, Margarito Martínez. El enojo aumenta porque en marzo 26 de 2019, en la mañanera del presidente López Obrador, Lourdes le manifestó el temor por su vida. Ella enfrentaba un litigio laboral contra una empresa del ahora ex gobernador Jaime Bonilla, disputa que ganó días antes de su artero asesinato.

Como suele suceder en los temas incómodos para el Presidente, su respuesta fue condenar al pasado neoliberal como la causa profunda de las desgracias de México, sin advertir la gravedad de la situación. Tres asesinatos de periodistas en entidades gobernadas por su propio partido; un comprometedor señalamiento hacia un ex gobernador muy próximo a él, y una denuncia y demanda de protección dirigida a él y en su propio espacio. Pronto enmendó. La reacción fue tardía e insuficiente.

No es la primera vez. López Obrador ha perdido contacto con la realidad. Rehén del espejismo de popularidad que revelan las encuestas, se siente inmune al error y a la justa crítica. La ineficacia de la oposición formal y del escrutinio crítico al desempeño presidencial le da un pernicioso blindaje y lo hace propenso al yerro y al exceso. El país demanda de su Presidente resultados, no retórica. En el caso de Lourdes Maldonado dos días hubieron de pasar para que reaccionara.

Por Enrique Irazoque Palazuelos, responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, sabemos que han sido asesinados 52 periodistas en lo que va del actual gobierno. Lo que hace del país el más peligroso para esta actividad. De las denuncias, cuatro de 10 se asocian a políticos y autoridades municipales o locales; el resto, al crimen organizado. Ofrece la cifra de horror: nueve de cada 10 permanecen impunes.

Se le ha señalado al presidente López Obrador, desde muchas partes y de variadas maneras, que su actitud de recriminar y hostigar públicamente a periodistas y medios propicia la agresión y la violencia contra ellos. La intolerancia oficial acompañada de impunidad social difícilmente habría de cambiar. La exigencia de justicia del gremio y de la sociedad debe significar un nuevo punto de partida que reivindique el respeto y el derecho a la vida, y obligar a las autoridades a cumplir su elemental responsabilidad de garantizar la seguridad de toda persona y de quienes son imprescindibles en el ejercicio de la libertad de expresión. El derecho a la justicia es la exigencia central para periodistas y para cualquiera amenazado, agredido o asesinado.