Más allá del escándalo
La inseguridad como herencia anticipada del Pacífico Sur
La marcha del 15 de noviembre por un sector de jóvenes de la llamada Generación Z en Ciudad de México, un movimiento inspirado tanto por expresiones juveniles en otros países como Perú, como por el hartazgo acumulado frente a la corrupción, la violencia y la opacidad gubernamental, es sólo la punta visible de una preocupación más profunda: las infancias y adolescencias mexicanas están creciendo bajo una percepción temprana de riesgo constante.
En la región Pacífico Sur, esta percepción no sólo es más intensa, sino que se ha convertido en la principal inquietud de sus menores.
La Consulta Infantil y Juvenil 2024, organizada por los institutos electorales, ya advertía este fenómeno: la seguridad es el tema más inquietante para las niñas, niños y adolescentes de la región, por encima de asuntos educativos, económicos o tecnológicos.
No es un dato menor, hablamos de un universo de más de 1.27 millones de participantes, de entre 3 y 17 años, que expresaron una preocupación prioritaria por los riesgos que enfrentan en la escuela, la calle, el hogar y el entorno digital.
Su participación promedio, del 26.7 por ciento, confirma que esta generación no sólo observa su realidad, sino la está diagnosticando prematuramente.
En las cuatro entidades del Pacífico Sur emergen patrones coincidentes.
La seguridad se fragmenta en distintas capas de riesgo:
Violencia en las calles asociada a entornos con alta presencia de delitos de alto impacto.
Violencia familiar, normalizada en comunidades donde los mecanismos de protección institucional son débiles.
Acoso escolar, que se reproduce sin suficientes protocolos de intervención.
Riesgos en el ciberespacio, donde la exposición digital supera ampliamente la capacidad preventiva de familias y escuelas.
Que estas preocupaciones emerjan de niños de apenas 10 o 12 años (el grupo con mayor participación) revela una condición estructural: la región está creando generaciones cuya conciencia de inseguridad se activa antes que su expectativa de futuro.
Estas cifras dibujan un mapa donde la inseguridad no es abstracta, sino es cotidiana, visible y estructural, la inseguridad se entrelaza con las brechas de desarrollo humano, la violencia es tanto un riesgo como un síntoma.
La mención al entretenimiento y temas de identidad evidencia que, incluso en un entorno crítico, persisten necesidades básicas de esparcimiento y construcción de identidad que hoy quedan desplazadas por la sensación de amenaza.
Los datos confirman la brecha entre el crecimiento acelerado del acceso a la tecnología y la falta de políticas públicas para una alfabetización digital preventiva.
La violencia ya no se vive solo en el territorio físico: ahora viaja por pantallas, chats y redes sociales.
Un punto en común emerge en todas las entidades: la necesidad de que la voz de la niñez y la adolescencia sea tomada en cuenta.
En Chiapas, por ejemplo, el 52.5 por ciento pide ser escuchado en la toma de decisiones.
Este dato es clave: no se trata solo de percepciones, sino de una demanda explícita de participación.
Frente a ello, la marcha del 15 de noviembre puede leerse como el inicio de un ciclo donde la Generación Z —y las que vienen detrás— comienza a articular políticamente su inconformidad.
Esta movilización no es un hecho aislado: es un síntoma de acumulación, un reflejo de que las nuevas generaciones ya no toleran ser espectadoras de una crisis que las afecta directamente.
La niñez y la adolescencia del Pacífico Sur no están pidiendo abstracciones ni diagnósticos complacientes: están denunciando un Estado que no ha logrado garantizar algo tan básico como vivir sin miedo.
Sus demandas —iluminación pública, escuelas seguras, cuerpos policiales eficientes, protección digital, prevención de adicciones, participación en decisiones ambientales— no son aspiraciones: son derechos.
El mensaje político es claro y frontal: si la clase gobernante no es capaz de escuchar a quienes ni siquiera han llegado a la adultez, terminará heredando una generación desencantada, politizada por la desesperación y dispuesta a movilizarse antes que a confiar.
Vivir sin miedo es un derecho, pero sin seguridad pública no existe, diría la abuela.