El coronavirus irracional

Las convulsiones sociales de una epidemia han sido casi tan graves como su propia mortandad.

En general la respuesta frente a una crisis sanitaria de la magnitud como la estamos viviendo, comienza en la sociedad de la misma forma como individualmente tomamos por lo general un mal augurio: la negación o la minimización.

La alarma social y las críticas generadas en torno a la gestión del Covid 19 han sido muy similares a las de otras epidemias del pasado, a pesar de que ahora contamos con más armas que antes para luchar contra este tipo de amenazas. En este sentido, parece lógico pensar que las numerosas acusaciones vertidas en los últimos meses, relativas a diversas influencias económicas y políticas, surgen de la incertidumbre y el miedo consustanciales a cualquier epidemia.

A lo largo de la semana, las intenciones de restarles credibilidad a las autoridades federales movieron el enfoque de la atención a la crisis sanitaria para ponerle más énfasis a la crisis política y se viene generando un caldo de cultivo propicio el debilitamiento de las instituciones gubernamental y la expansión del caos social.

En días recientes se han multiplicado las movilizaciones de protesta e intentos de saqueos a establecimientos comerciales. Ambos casos están impulsados por un mal sano interés de utilizar con fines políticos la crisis y no por que existan condiciones de carencia extrema.

A la par, so pretexto de protegerse ante posibles contagios, diversas comunidades en por lo menos cuatro de las sietes regiones del estado cerraron los accesos y han puesto condicionantes a la presencia de personas que proceden del otros puntos del país y de Estados Unidos, a pesar de ser oriundas del lugar.

En aras de adjudicarle a la autoridad federal culpabilidad o un mal manejo de la crisis sanitaria, factor que es relativo, se multiplicaron apoyando y justificando tanto el cierre de comunidades como las movilizaciones e intentos de saqueo.

Se pierde entonces la visión de fondo y no se dimensionan las posibles consecuencias. Estas reacciones “sociales” ocurren en un contexto de riesgos no menores. Se trata de hechos que inciden en la inseguridad pública la cual se encuentra en predicamento pues las policías locales están profundamente corrompidas, las áreas de seguridad parecen estar sobrepasadas por grupos delincuenciales, ciudadanos armados o alineados a caciques, que en más de una ocasión terminan emparentados entre sí o impulsados por aparentes enemigos para imponer sus propias condiciones.

Las autoridades estatales están apostando a diversas medidas publicitarias para mejorar la percepción, e incluso convirtiendo a supuestos periodistas en repetidores de las consignas que les son dictadas, pero éstas se derrumban cada vez que se topan con la realidad.

La permisibilidad a los ciudadanos en armas para cerrar los accesos a diferentes comunidades, se empalma con los controles territoriales que han establecido las supuestas autodefensas o autodenominados cuerpos de policías comunitarias, de los cuales el propio mandatario del estado los ha señalado como brazos político-armados de las bandas del crimen organizado.

El despliegue de la pandemia en el estado no es garantía de una tregua  en la disputa por el territorio entre los grupos delincuenciales. En cambio puede actuar como una oportunidad para consolidar o ampliar esos dominios.

En las ciudades clave del estado, no se ha generado ni una inflación desbordada ni desabasto de dimensiones mayores como para justificar los saqueos a los diferentes comercios.

Los líderes de estos grupos portan exigencias improcedentes para cualquier autoridad. Las finanzas públicas de los municipios y del estado se encuentran debilitadas y eso se traduce en una muy reducida capacidad de gestión ante los escenarios que plantea la expansión de la crisis.

Cuando los gobiernos tienen recursos limitados dedicarse a usarlos en la entrega periódica de despensas, es intrascendente pues en este momento el periodo y la totalidad de las personas afectadas, están dominados por la incertidumbre.

De nada sirven programas sociales sin el imperio de la ley ni sustituyendo la productividad por la dádiva.

Un organismo operador del agua potable que sistemáticamente ha sido saqueado y de manera cíclica deja de abastecer del vital líquido a los habitantes de la ciudad, está imposibilidad de condonar consumos de ese elemento, a riesgo de acelerar su colapso.

Si a esto le sumamos el impacto nocivo de las prácticas que alientan  la difusión de información falsa, los insultos y las gracejadas soeces con las cuales se nos escatiman los datos y los hechos concretos e incluso se hace eco de llamados a la desobediencia, solo se está construyendo un clima de crispación cuyas consecuencias podrían ser más graves que la mortandad causada por el Covid 19.

De nada serviría a ciertas fuerzas políticas recuperar el poder con una población cuya salud está quebrantada o cuando considera que los actos delictivos son una manera de atender la emergencia. Eso dista mucho  de ser justicia social.

La ira y el resentimiento no sirven para resolver problemas que son del conocimiento y de la razón, diría la abuela.