El hecho de no estar

En el contexto de la problemática de seguridad pública nacional, la desaparición forzada de personas pone de manifiesto que la violencia, en sus distintas manifestaciones, azota a nuestra sociedad y la escalada de las movilizaciones sociales que reclaman atención, podría acentuar la polarización política que ya se vive.

La falta de claridad sobre las obligaciones del estado provoca  en el presente, lo mismo que en el pasado una estigmatización a partir de la cual las autoridades tienen a desmarcarse del combate a este tipo de delito.

En principio, las desapariciones forzadas constituyeron una política contrainsurgente orientada a la eliminación física de aquéllas personas que luchan por transformar las relaciones sociales emanadas del modo de producción capitalista.

Pero, en los últimos catorce años, la desaparición forzada adquirió otros matices por la suma de nuevos-viejos perpetradores, lo tanto, en la actualidad el problema es más profundo y  se comete en todo el territorio nacional. A tal grado que ahora se presenta como una práctica arraigada en la sociedad.

En el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador se documentaron 9 mil 164 desapariciones en el país. De ellas continuaron desaparecidas 5 mil 184, lo cual implica que, de acuerdo con la información oficial, las demás personas fueron localizadas. A la luz de esa información el año con mayor número de desapariciones sigue siendo 2017, con dos cifras distintas: según el RNPED, el total era de 5 mil 477 personas que continuaban sin ser localizadas, mientras que los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) incrementaron el número a 7 mil 595.

Las diferencias etarias en las desapariciones de niñas y mujeres, a diferencia de los hombres, podrían ser indicadores sobre los distintos móviles en las desapariciones. Como ya había desagregado el RNPED los rangos de edad varían dependiendo del sexo de la persona desaparecida. En el caso de los hombres las edades en que se reporta mayor número de desapariciones son las que oscilan entre 25 y 29 años (con un total de 6 mil 615 registros), mientras que en el caso de las mujeres es entre los 15 y 19 años (con un total de 4 mil 433).

En la región pacífico sur, el problema toma diferentes matices en función de las localidades pero las conductas que observan las autoridades, en sus diferentes niveles, tienen factores comunes.

La ausencia de registros adecuados resulta el más evidente. El gobierno de la 4T lo ha reconocido y en diferentes ocasiones ha reiterado el compromiso de construir archivos confiables, el hecho es que seguimos sin contar con todas las bases de datos, un paso básico para avanzar en políticas estructurales para afrontar la problemática.

Distintas instancias internacionales han urgido al estado mexicano a superar este problema, entre ellas la Corte IDH y el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED).

Los datos ponen de manifiesto que, independientemente los hechos ocurridos en Guerrero durante los últimos diez días, el problema es de talla internacional.

Búsqueda inadecuada  existen colectivos de familiares que se han convertido en expertos y expertas en la búsqueda por la ineficacia de las autoridades en la búsqueda es que desde hace años. Dos conductas reiteradas constituyen las mayores quejas de los familiares de las víctimas: la falta de acciones inmediatas de las autoridades para la búsqueda en vida de sus seres queridos. También existen quejas por las acciones para buscar personas posiblemente muertas.

La ausencia de personal suficiente y debidamente capacitado; la descoordinación entre autoridades; la falta de protocolos para toma de muestras e identificación de restos; la ausencia de espacios suficientes para inhumación; la falta de autonomía en la mayoría de los servicios forenses del país; la negligencia en el tratamiento de restos , y la desconfianza en las autoridades forenses, las cuales en más de una oportunidad han entregado restos erróneos a las familias (mexicanas y extranjeras) es una muestra de La Identificación inadecuada de los restos.

En México existe un subregistro importante en la presentación de denuncias en diversos delitos, en el caso de las desapariciones de personas el problema se torna muy complejo cuando las fiscalías especializadas carecen tanto de recursos materiales como humanos; no cuentan con capacitación suficiente y sobre todo muchas veces no califican el delito como tal sino como privación ilegal de libertad, secuestro, negación del servicio público, entre otros lo que se traduce en impunidad

Urgen políticas públicas eficaces que, sin dejar de centrarse en las particularidades de los casos, logren prevenir las desapariciones, brinden atención adecuada a las víctimas y sancionen a los responsables.

Las políticas públicas deben, al menos, tener en cuenta los distintos periodos de las desapariciones; la tipología y los responsables de estas; la prueba que se puede obtener (por ejemplo, en casos de la Guerra Sucia); así como el análisis del contexto y de las particularidades de las víctimas.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno ponen más énfasis en los números que en las políticas públicas para resolver los problemas en materia de seguridad.

Hace más ruido el árbol cuando cae, que el bosque cuando crece, diría la abuela.

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Fuentes.

Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, 6 de enero de 2020,

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED”

Corte IDH.

Comité contra la Desaparición Forzada. “Observaciones de seguimiento del Comité sobre la información adicional presentada por México en virtud del artículo 29, párrafo 4