Caminos del sur/Manuel Nava

La gestación de tensiones

En menos de dos semanas las distintas caras del magisterio y del sector educativo se han hecho presentes en la agenda noticiosa nacional. Son la parte más beligerante y que rayan en situaciones delictivas, pero también parecen confirmar que existe una ruptura entre AMLO (4T o Morena) y estos sectores radicales.

Magisterio disidente y normales están rearticulando una alianza y ya lanzan desafíos a la presente administración y más directamente a López Obrador.

Por un lado, los momentos de tensión en Michoacán de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que derivaron en desalojos de vías férreas; por el otro, el enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco en Guerrero con normalistas que pudo derivar en una tragedia de dimensiones inimaginables. En paralelo, la clara coordinación que el gobierno federal tiene con el Sindicato Nacional (SNTE) para que la reactivación de clases sea una completa realidad.

Los efectos de este ariete buscando inestabilidad, son más claros en la Región Pacífico Sur donde el magisterio disidente tiene mayor presencia y donde mantiene una alianza con el movimiento normalista, estructurada en las Asambleas Populares de Pueblos.

En cada movilización se puede ver cómo el magisterio disidente, demuestra su disposición a la lucha, su fuerza. Avanza en tejer lazos profundos con las comunidades en el interior del país, con trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, con estudiantes e intelectuales. Pero además se evidencia que los caminos entre magisterio, normalistas y AMLO se van separando desde el 2019.

En Chiapas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección 7 manifestó en febrero de 2019 que la Secretaría de Educación ha convocado a la contratación de personal de nuevo ingreso en términos completos de la Ley de Servicio Profesional Docente, por lo que se mantendrán en resistencia y desobediencia en tanto que “la mal llamada reforma va a seguir aplicando en todo el país”.

El 18 de mayo del 2021, elementos de la policía antimotines efectuó un operativo para liberar la caseta de cobro, la cual se encontraba tomada por un grupo de personas que manifestaron ser estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, donde fueron detenidas 95 personas (74 del sexo femenino y 21 del sexo masculino) lo cual mantiene la tensión.

El 27 de agosto del 2021, un grupo de normalistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron en Tuxtla Gutiérez, Chiapas, el paso de la camioneta en la que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se dirigía a encabezar la reunión de seguridad y, posteriormente a presentar la conferencia mañanera.

Tras los sucesos de Palo Blanco del viernes 4 de febrero, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, aseguraron que, si para el Gobierno federal son tan importantes las casetas de cobro, dejarán de tomarlas si a cambio les regresan a los 43 normalistas desaparecidos.

El sábado 5 de febrero, un centenar de estudiantes de Ayotzinapa se movilizó por la alameda central Granados Maldonado de Chilpancingo, respaldada por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como por el Colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa. Dentro de su mitin, los normalistas condenaron los enfrentamientos del día anterior y aseguraron que la Policía del estado fue quien inició la agresión y ellos sólo se defendieron.

En Michoacán, en noviembre del 2021, una movilización estatal por tres días culminó con una serie de compromisos para trabajar en mesas entre la representación sindical y las autoridades educativas. Sus voceros aseguraron que hay “poco o nulo avance en la resolución de la problemática educativa que la organización ha planteado desde hace meses a la actual administración de Gobierno”.

En Oaxaca, la tensión crece y la sección 22 señaló en 2021 que la mayoría de los diputados morenistas optaron por ignorar las peticiones de la dirigencia que encabeza Eloy López para realizar reformas a la Ley Estatal de Educación.

La legislación vigente data del año 2018, aprobada por la LXIII Legislatura, por resolución de las autoridades jurisdiccionales que ordenaron homologar la legislación local con la federal, para cumplir con el mandato constitucional que sacó adelante parte de la reforma educativa.

En agosto del 2021 y como respuesta al bloqueo de que fue objeto la conferencia matutina en Chiapas, el presidente recordó, por video mensaje, que con el magisterio disidente se ha reunido en 8 o 10 ocasiones, pero en el caso de Chiapas y Michoacán hay intereses creados en las dirigencias, que no tiene que ver con las bases del magisterio.

“Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie (…) Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado”, declaró.

Del lado de la CNTE, en redes sociales circuló un video donde se ve al Presidente dialogar con integrantes de la Coordinadora, quienes reiteran que al mandatario «solo le gusta hablar, pero no escuchar».

Esquivar una lanza es fácil, pero no es lo mismo con un puñal oculto, diría la abuela.