Caminos del sur/Manuel Nava

Entre el asedio y el abuso

Desde hace más de una década figura en el debate nacional las consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales de la minería  en los planes de desarrollo nacional.

El 18 de enero, el presidente López Obrador informó de la queja que hicieron empresas mineras canadienses a través de Justin Trudeau durante su reciente visita. El crimen organizado las extorsiona, aunque, dijo, solo dos casos y en Guerrero.

La actividad minera en la Región Pacifico Sur enfrenta lo mismo el acaso del crimen organizado como el reclamo de sectores sociales ante los impactos nocivos

El 5 de enero, miles de habitantes del municipio de Chicomuselo, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron una manifestación para exigir el fin de la violencia “desatada por la delincuencia organizada.

La movilización ocurrió en un contexto de aumento de violencia en la región, localizada en la frontera con Guatemala, donde la presencia del crimen organizado se ha incrementado durante los últimos años arrojando un saldo de enfrentamientos entre grupos armados y contra militares, así como desapariciones y ejecuciones.

Desde mediados del año pasado registraron la reactivación ilegal de una mina de barita ubicada en el ejido Santa María.

El 16 de octubre del 2022, los habitantes registraron el ingreso a la cabecera municipal de diversos camiones de carga para trasportar material minero de barita, sin que los pobladores tuvieran conocimiento de la actividad minera.

La actividad en la mina tiene relación con la concesión otorgada a la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd, la cual se estableció en el ejido Grecia en el año de 2009 para la extracción del material minero utilizado para perforación de pozos petroleros y para el mismo sector extractivo.

Las operaciones en el ejido Grecia se detuvieron después del homicidio del defensor Mariano Abarca, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 tras haberse opuesto a la industria extractiva.

Tras el cierre de la mina se originó una disputa legal con la minera canadiense, quien exigió el pago de casi 800 millones de dólares como indemnización. Al mismo tiempo, familiares de Abarca han señalado el involucramiento de empresarios, funcionarios locales y miembros de la embajada canadiense en el asesinato del activista.

En Guerrero, las empresas canadienses que se han quejado de acoso por el crimen organizado son Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente y Media Luna que opera con financiamiento del consorcio minero Torex Gold Resources, la cual desde 2016 trabaja en comunidades del municipio de Cocula en donde extrae oro y cobre.

Durante el periodo 2015-2021, en que gobernó la entidad Héctor Astudillo, la empresa minera Capella de Teloloapan, propiedad del Grupo Peñoles, cerró sus operaciones en dos ocasiones porque los integrantes de la supuesta policía comunitaria Tecampanera les exigía el pago de una cuota.

Diversas organizaciones sociales han denunciado que las bandas del crimen organizado no solamente extorsionan a las empresas extranjeras sino a los propios ejidatarios cuando reciben el pago por la renta de sus tierras para la extracción de los metales.

En Michoacán, al menos 10 concesiones dedicadas a la extracción de minerales son explotadas por la criminalidad. Derivado del acoso criminal, representantes del sector han presentado “un importante número de denuncias” ante las autoridades de procuración de justicia correspondientes.

Durante la crisis de seguridad más álgida que vivió Michoacán -en 2014- al menos un 50 por ciento de la industria, era controlado por la criminalidad.

Tres empresas operan la gran minería en Michoacán, Arcelor Mittal, Ternium y la empresa Real del Monte.

El 12 de enero de este año, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) retiró el permiso que, en forma irregular, habían otorgado algunos servidores de esa dependencia a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que opera a través de la compañía Minera Cuzcatlán, por haber incurrido en diversas irregularidades además de obtener la prórroga de 12 años.

En 2022, Semarnat dijo que había sido un error ortográfico haber expedido un permiso por 12 años más para la operatividad de esta empresa.

Sin consulta previa, la empresa minera adquirió los derechos mineros sobre la mina San José a finales de 2006.

Fortuna Silver Mines, comunicó el pasado 5 de enero del año en curso, que su Unidad Minera San José que opera a través de su subsidiaria Compañía Minera Cuzcatlán, cumple plenamente con todas las leyes ambientales vigentes, por lo que ha manifestado su inconformidad y está tomando las medidas legales para proteger a sus más de  mil 200 colaboradores, a una cadena de valor compuesta por más de 600 empresas, 150 de ellas originarias de la zona, así como una derrama anual superior a los 600 millones de pesos que beneficia a más de 30 mil personas en los Valles Centrales de Oaxaca.

A veces toca al cazador leña y al leñador, caza, diría la abuela.