Caminos del sur/Manuel Nava

La economía extorsionada

Las encuestas de victimización de empresas del INEGI nos muestran que ante el clima de inseguridad y de violencia que se vive en el país, los empresarios están tomando medidas racionales en el sentido de mantener sus ganancias y minimizar sus pérdidas y aguantar lo más posible los embates de la delincuencia.

Existen casos ya en diferentes entidades del país, en donde de plano han optado por cerrar negocios como consecuencia del cobro de derecho de piso y modificando algunos hábitos.

De acuerdo con dicha encuesta de victimización, los empresarios mencionan que están dejando de usar efectivo, han modificado horarios de producción, cambiado rutas de distribución, que están dejando de trabajar con ciertos clientes y que cuando no pueden sostenerse o se sienten muy amenazados dejan de invertir o cierran sus negocios.

En 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron oficialmente más de 900 mil extorsiones contra empresas en nuestro país.

El crimen organizado, continúa teniendo el control sin acción de las autoridades  y así lo demuestran los incendios a negocios y robos, se han convertido en una amenaza constante para la sociedad en una buena parte de los  estados como es el caso de la Región Pacífico Sur.

En Chiapas, Las llamadas de extorsión afectan a productores de plátano del municipio de Mazatán, y  han provocado el cierre de tres ranchos bananeros. Las llamadas de extorsión no sólo las sufren campesinos, empresarios y transportistas de los municipios de Suchiate, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Tapachula, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Acacoyagua, Acapetahua y Mapastepec.

A los productores les mandan mensajes diciéndoles que son integrantes del crimen organizado y tienen que pagar por protección, ya que de lo contrario pueden sufrir robos, daños en los ranchos y que ponen en riesgo su vida.

Las comunidades y los ejidos carecen de vigilancia, pues las autoridades municipales no tienen la capacidad para ayudar a la ciudadanía a sentirse tranquila y segura.

En Tapachula el cobro de piso se incrementó a finales de enero y principios de febrero con los atentados que sufrieron choferes de la ruta Indeco, quienes se atrevieron a denunciar y realizar protestas, así como un paro laboral por este delito.

En Huixtla y en la Costa de Chiapas las llamadas de extorsión iniciaron a principios de marzo, en donde de igual manera los conductores realizaron protestas y pararon sus labores en más de una ocasión.

En Guerrero, el sector empresarial y comercial enfrenta la violencia con miedo, más cámaras de seguridad y con el cierre más temprano de sus negocios.

Muchos han optado cerrar sus negocios más temprano, incluso dos horas antes de lo habitual. Después de esa hora la vida comercial representa un reto.

Las autoridades han insistido que Chilpancingo enfrenta un déficit de unos 600 policías para tener una amplia cobertura de personal para inhibir el delito.

Hay comerciantes, que no entienden porque si la autoridad cuenta con un mapa “geo delincuencial”, como el que se utilizó para el periodo de campañas, el famoso mapa de riesgo, no se actúa contra los criminales.

Michoacán es el cuarto estado más violento de 2022 y uno de los que más casos de extorsión registran. Limoneros, aguacateros, mangueros, tortilleros, polleros y prácticamente cualquier dueño de un negocio ha sido afectado por el llamado “cobro de piso”.

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2022 Michoacán tuvo 67 víctimas de extorsión. Agosto fue el mes con más denuncias, al recibir 12. Sin embargo, la extorsión es un delito cuya cifra real se desconoce debido a que no todos los casos se denuncian ante el temor de represalias.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe 2022), la extorsión en Michoacán representó una tasa de 5 mil 050 por cada 100 mil habitantes, ligeramente debajo de la tasa nacional que se ubicó en 5 mil 375.

La extorsión fue el principal delito que afectó a los habitantes de Michoacán. 28 por ciento de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de ese ilícito, seguido de otros como fraude, las amenazas verbales y robo en la calle.

El último caso de extorsión del que se conoce es a la empresa Media Group, la cual al resistirse a pagar cobro de piso y a hacer socios a presuntos miembros de la delincuencia organizada, fue atacada a balazos en sus instalaciones.

Esa entidad atraviesa por un clima de violencia propiciado por el enfrentamiento de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

En la Central de Abastos de Oaxaca los locatarios pagan mil 500 pesos al mes, mientras que a transportistas poblanos les cobran de 200 a 500 pesos al día por entrar al municipio de San Martín Texmelucan.

El cobro lo hace quien dice ser el jefe de la plaza, perteneciente a La Familia Michoacana, el de Jalisco Nueva Generación y hasta de Sinaloa, van con determinados comerciantes para cobrar seguridad, para evitar asaltos.

Piden mil 500 mensuales, por la venta de tomate, jitomate, y algunas hortalizas. Si se meten más productos, le suman más a la extorsión.

Los polleros, carniceros y abarroteros pagan entre mil 500 y hasta 3 mil pesos.

No hay manera sutil disfrazar el peligro, de corrupción, drogas, extorsión, violación, asesinatos, hambruna y la desigualdad, diría la abuela.