Caminos del sur/Manuel Nava

Violencia sexual y política

Los congresos de 20 estados avalaron la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, por lo que ya se puede emitir la declaratoria de constitucionalidad y el Ejecutivo la puede publicar para que entre en vigor con miras al próximo proceso electoral.

Se trata de un marco legal que impide que las personas acusadas de violencia familiar, agresión sexual y deudores alimenticios, puedan ejercer algún cargo de elección popular pues reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución a fin de suspender los derechos políticos de aquellas personas deudoras de pensión alimenticia, acosadores sexuales y agresores familiares.

Es una modificación transversal que aborda los órdenes de gobierno y las distintas instancias del poder público: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Así, en ninguno de los tres órdenes de gobierno podrá estar un agresor o deudor alimenticio.

La Ley 3 de 3 establece un nuevo marco jurídico de responsabilidades para los servidores públicos y las empresas, contemplando aspectos como la definición de las conductas que deben ser consideradas como corrupción, así como la publicidad de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.

El objetivo de la ley en cuestión es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal.

Sería parte de las normativas que habrán de regir en el próximo proceso electoral 2023-2024, pues deberán ser vigentes noventa días antes del inicio del tiempo que antecede a las elecciones.

La “ley 3 de 3” ya se aplica en varias entidades del país, con algunas variaciones. Su origen son lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto suspende los derechos o prerrogativas de los ciudadanos que tengan sentencia firme por distintos tipo de violencia contra mujeres y niños, es decir: Deudores alimentarios, Violencia familia, Violencia sexual, Acoso u hostigamiento sexual. Delitos contra la integridad corporal. Contra la libertad y seguridad sexuales. Contra el normal desarrollo psicosexual.

Y es que se registra la ausencia de justicia, pues existe una mecánica encubridora que favorece la perpetuación de la impunidad, han tenido efectos devastadores en miles de mexicanas violentadas, torturadas, maltratadas por familiares, desconocidos e instituciones.

La continua reforma o expedición de leyes sólo crea una pantalla de legalidad detrás de la cual campean las complicidades y se reproduce la impunidad.

Aun con el respaldo sólido de 17 congresos aprobando las reformas, ha trascendido la probabilidad de que algunos senadores intenten impugnar la propuesta con un mecanismo similar al empleado con el Plan B de la reforma electoral.

La Región Pacífico Sur vive con dramatismo las múltiples formas de agresiones sexuales.

El 18 de mayo, el Congreso chiapaneco no aprobó la ley 3 de 3 por falta de quorum. Chiapas es considerado uno de los cuatro estados con el mayor número casos de violaciones sexuales a nivel nacional, cinco de los 10 los municipios más poblados presentan cifras alarmantes por este delito, se trata de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, Chiapa de Corzo y Villaflores, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Chiapas.

Y es que las autoridades municipales –en particular los alcaldes– son “ejemplo” de cómo perpetrar violencia y acoso sexual contra las mujeres y quedar impunes.

En enero del 2012, Laura Hernández Beltrán, quien denunció a su esposo, David Escobar García, presidente municipal de Frontera Comalapa, por los delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, se suma a por lo menos otras tres demandas en las que los agresores de mujeres son alcaldes chiapanecos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) levantó la averiguación previa 807/VEDSYUF2/2011, en la que Hernández Beltrán narró que fue encerrada por varios meses en una propiedad del alcalde, y que en una ocasión el munícipe intentó matarla.

El 25 de noviembre de 2009, justo en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el presidente municipal de Tonalá Hilario González Vázquez, acosó sexualmente a Mercedes Carrasco, dueña de un restaurante.

El edil la amenazó con cerrar su negocio si no accedía a tener relaciones sexuales con él. El 8 de marzo de 2010, Mercedes amaneció convaleciente en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, luego de una golpiza propinada por sujetos allegados al edil, quienes le exigieron que firmara un documento para ceder su negocio.

El 18 de mayo el Congreso de Guerrero avaló la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan cometido abuso sexual, ejercido violencia contra mujeres, o sean deudores alimentarios (Ley 3 de 3).

En Michoacán, el 64.9 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), y el 42.7% ha sufrido violencia en los últimos 12 meses. Para frenar esta ola de violencia contra las mujeres, la diputada Samanta Flores Adame presentará una iniciativa para crear un registro de agresores en el estado.

Oaxaca cerró el 2022 con 169 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales únicamente 41 se investigan como feminicidio.

La boca del justo es un manantial de vida, pero la boca del impío disimula su violencia, diría a abuela.