Caminos del sur/Manuel Nava

Pactos que carcomen

Los acontecimientos del último permiten concluir que la presencia y  el desafío permanente del crimen organizado a las autoridades democráticamente elegidas en nuestro país, así como a las y los activistas y defensores de derechos humanos es uno de los factores que tiene un mayor efecto corrosivo para la democracia.

Desde hace años se ha documentado que hay cada vez más localidades y municipios bajo el control del crimen organizado; en esas zonas y regiones imponen su ley; sus reglas; controlan lo mismo la actividad económica que las dinámicas sociales y, en no pocas ocasiones, deciden quién puede y quién no puede ser candidata o candidato a cargos de elección popular.

Debido al aumento del poder del narcotráfico, la violencia ha tomado en México un lugar central en el debate público y ha debilitado al gobierno por su incapacidad para hacerle frente, ante lo cual cunden voces que piden pactar con los delincuentes.

La violencia ocasionada por el crimen organizado se ha constituido como uno de los principales problemas en México en los últimos años; adicionalmente a las pérdidas humanas que ocasiona, afecta a las actividades económicas, lo cual disminuye la calidad de vida de la población.

Organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa avanzan mediante tres vías:

Participación en campañas electorales: financian las actividades proselitistas de candidatos en busca de colocarlos en los cargos de decisión.

Negociaciones con grupos locales: a través de alianzas con organizaciones criminales buscan extender su presencia y control en los territorios.

Vía armada: implica el homicidio de adversarios, pero también de autoridades, así como el envío de mensajes a quienes están en el poder.

La participación del narco en los estados tiene muchos años y las maniobras de presión en contra de los gobernadores también tienen mucho tiempo; sin embargo, ahora también los gobiernos están cediendo.

Se trata de una situación nacional que, desde luego incluye a la región Pacífico Sur.

En Chiapas la aparición de un nuevo grupo armado autonombrado Ejército Civil en el municipio de Pantelhó, el 1 de julio, y la guerra que ha activado con el grupo de autodefensa El Machete, ha obligado a las autoridades municipales a negociar para llegar a la paz, pero ha sido inútil.

Según los reportes, casi todos los días están en confrontación el Ejército Civil, financiado por un grupo delincuencial reconocido como los Herreras, contra las autodefensas El Machete, a pesar de que el Ejército mexicano tiene presencia en la zona.

En Chiapas, la población está integrada mayormente por grupos indígenas mayas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, entre otros, quienes padecen la creciente violencia aunque el Gobierno federal insiste en que hay paz en la región.

En la región, además de un conflicto armado, se aloja violencia que ejercen grupos paramilitares, mientras la delincuencia organizada que se disputa el territorio, grupos armados se han apoderado de varios pueblos originarios.

A ellos se agregan los problemas que enfrentan los defensores de derechos humanos, disputas por las tierras, miles de desplazados por violencia y crimen organizado, desaparecidos, creciente violencia feminicida y presos políticos.

Por mucho tiempo Guerrero ha sido uno de los estados más armados y militarizados a nivel nacional. También está marcado por una pobreza estructural que afecta a muchas áreas rurales y generalmente indígenas como La Montaña. Ni el cultivo ilícito de la amapola y mariguana han mejorado las condiciones de vida de más de 150 mil familias dedicadas a ello.

Al menos 20 alcaldes de Guerrero tenían denuncias y señalamientos de posibles vínculos con grupos del crimen organizado, de acuerdo con un reporte de inteligencia de Sedena enviado un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El listado de “Presidentes municipales del estado de Guerrero con presuntos vínculos con el narcotráfico por orden de incidencia” incluía a ediles de 20 municipios, emanados del PRD, PRI, PAN y PT.

A través de un informe del Centro Nacional de Inteligencia con fecha del 13 de septiembre de 2021 se informó que por lo menos 18 servidores públicos de Michoacán, cuentan con señalamientos con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de autoridades emanadas de la alianza Morena-PT; del PAN; del partido Movimiento Ciudadano;  otros de la alianza PAN-PRD, del Partido Verde y por parte del PRD.

Oaxaca tienen presencia cuatro carteles de la droga, además de grupos locales o regionales relevantes; situación que contradice las declaraciones de las autoridades estatales.

De acuerdo con el estudio publicado a finales de 2021, los grupos criminales o de delincuencia organizada que operan en el estado son el Cartel del Pacífico-Sinaloa (CDP), el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo (CDG).

Es notable la capacidad que tienen estos grupos para corromper altos funcionarios de los ámbitos de seguridad y procuración de justicia y para vincularse con la clase empresarial. También hay indicios de reclutamiento de exmilitares y profesionistas.

Las autoridades de Oaxaca responsables de la seguridad y la procuración de justicia sabían desde hace años que Gustavo Abigaíl “N” conocido como “El Pino”, hijo del diputado local del PRI, Gustavo Díaz Sánchez, era dirigente de un grupo criminal que operaba en la región de la Cuenca del Papaloapan y que extendía sus actividades criminales al estado vecino de Veracruz. Pese a ello, nunca lo detuvieron.

Hay quienes comen santos y cagan diablos, diría la abuela.