Caminos del sur/Manuel Nava

Esperas sin respuesta

La desaparición de personas no solo se trata de un problema de seguridad pública. Es también un problema social. A mediados del siglo la desaparición forzada de personas obedecía a un ejercicio autoritario desde el poder. Sea e caciques o del gobierno. Hoy se trata de una práctica vinculada a la impunidad con actúan grupos del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales, en México han sido reportadas como desaparecidas más de 290 mil personas entre 1962 y agosto de 2023. Una de cada tres víctimas fue reportada durante este sexenio y, de ellas, aún se desconoce el paradero de 44 mil. Para visibilizar la gravedad en un solo dato: en promedio, cada hora desaparece una persona.

En México, han sido reportadas como desaparecidas 290,824 personas entre 1962 y este 2 de agosto de 2023.

De esas casi 300,000 personas, 110,106 han sido reportadas como desaparecidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De las personas que fueron reportadas como desaparecidas en el sexenio del morenista, hasta este miércoles, de 43,703 aún se desconoce su paradero.

Si se promedian el número de personas que aún están desaparecidas entre los 1,705 días de gobierno, en este gobierno desparecieron 25 cada jornada, que representan uno cada hora.

La Secretaría de Gobernación impulsa la creación de un nuevo censo que ha provocado polémica e incluso la renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual cual, no es positivo o negativo en sí mismo, pero su legitimidad y la justicia que se procure a las víctimas y a sus seres queridos sí dependerá de la forma en que se diseñe y ejecute, apegado a criterios que brinden absoluta certeza, entonces podría apelar a la confianza pública.

La realidad es que tenemos un Estado sin la capacidad para garantizar un censo con esas características: desde 2019, México reconoció ante la CIDH la crisis forense que atraviesan las instituciones, los hallazgos de centros de destrucción de cuerpos humanos – que van desde casos como el “pozolero”, hasta fosas y predios de incineración masivos que hacen casi imposible su identificación -, la falta de confianza ciudadana para denunciar ante las autoridades, y la eterna corrupción e impunidad que frenan cualquier esfuerzo por más loable que parezca.

Es poco menos que imposible lograr un censo confiable si existen casos de militares, policías, autoridades públicas y criminales involucrados en casos de desaparición.

Tales condiciones se reflejan en la Región Pacífico Sur.

En los últimos años, Chiapas ha registrado de un alarmante aumento en el número de desapariciones forzadas, atribuidas a una combinación de factores como la lucha por el control político, la violencia, la persecución, las expulsiones y otros problemas sociales. Según las cifras documentadas por organizaciones no gubernamentales y fuentes oficiales, aproximadamente 2 mil 131 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas en la región.

Tan solo en 2019, se reportaron 183 casos de desapariciones, mientras que entre 2022 y 2023 se sumaron 300 casos más. Sin embargo, existen discrepancias en las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación. Según la actualización de datos al 29 de agosto de 2023, este organismo reporta solamente mil 031 personas desaparecidas en Chiapas, lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con una base de datos, precisa y completa para abordar esta problemática.

En Guerrero Familiares de víctimas de desaparición forzada denunciaron que suman más de 4 mil y la cifra aumenta día con día.

La Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se quejan de que “no hay presupuesto, ni personal suficiente para ayudar a la localización de nuestros familiares.

En lo que va del año 2023 en el estado de Guerreo asociaciones civiles tienen registradas la desaparición de más de 6 mil 500 personas, sin embargo, organismos gubernamentales reconocen solo la mitad. De las 6 mil 500 desapariciones, más de la mitad se concentran en el municipio de Acapulco, y las edades oscilan entre los 20 a 35 años y casos excepcionales de menores y mayores de edad.

En Michoacán suman 5 mil 393 personas no localizadas y desaparecidas. Las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) agregan la localización de 416 hombres y mujeres que fueron halladas sin vida en los últimos años y cuyo paradero se desconoció inicialmente.

Apatzingán, Jacona, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Morelia son las demarcaciones en donde los colectivos aseveran que hay más casos, la mayoría de ellos atribuibles a células del crimen organizado; algunos más se los achacan a la presencia de militares. Otra realidad que les asusta es que muchos de los “levantones” no son denunciados ante el temor de que le hagan daño a la víctima o a sus familiares al acudir a las autoridades respectivas, por lo que hay una cifra gris inestimable.

Según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), desde la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas, en 2011, y de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada, en 2017, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha tomado conocimiento de 4 mil 426 casos de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales se ha logrado la ubicación de tres mil 890: de éstas 3 mil 826 aparecieron con vida, quedando pendiente por localizar 536 personas.

La desaparición es una puerta abierta hacia la ausencia la respuesta. No hay cabeza ni corazón que llegue al delirio, diría la abuela.