Seguridad y transformación

De sobra esta decir que la seguridad publica constituye el reto urgente del nuevo gobierno municipal. La reciente vista de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo del país sirvió para marcar una pauta en la ruta a seguir para la resolución del problema: el mando único policial.

El anuncio es significativo porque en el último sexenio PAN y PRD objetaron el esquema. Las razones fueron diversas. Tanto pesaron motivos de carácter político como económico y tal más el segundo más que el primero.

El origen del “nuevo modelo policial de mando único estatal” (Secretaría de Gobernación, 7 de octubre de 2010), se presentó durante la administración encabezada por Felipe Calderón (2006-2012). Propuesta a la que se adhirieron, entonces, tanto la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), como el máximo órgano de decisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en virtud del Acuerdo 03/XXVIII/10 que a la letra reza (Secretaría de Gobernación, 2010b): “El Consejo Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de un Modelo Policial que cuente con 32 policías estatales, cada una con un mando único y confiable, y apoyado por la Policía Federal” así como un método de certificación de policías estatales y municipales.

El PRD argumentó, desde entonces, que el “modelo de mando policial único” era una segunda vertiente del proceso de militarización de la seguridad pública en México. Esto debido a que su principal efecto en las entidades federativas se traduce en la adopción lisa y llana del modelo de policía militarizada.

Hay una realidad la cual se pretende enfrentar con esta disposición la actividad y la violencia no solo han desbordado a las instituciones sino que las han penetrado a niveles en los que constituyen brazos de un poder fáctico. Las policías municipales resultan ineficaces para este combate.

Y es que  la debilidad de sus policías descansa, fundamentalmente, en la ausencia de un modelo policial claro. Los híbridos que caracterizan a los cuerpos de seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno, constituyen un reflejo del desinterés histórico del poder político por la seguridad pública y, en especial, por el instrumento de autoprotección social por excelencia.

El problema de la centralización de los mandos policiales en manos de los gobernadores radica en su falta de concordancia con la realidad: la infiltración de la delincuencia organizada en corporaciones de seguridad pública no se limita a las municipales, sino que afecta de igual manera a las estatales y federales.

En tal circunstancia, trasladar el mando policial de ayuntamientos a los mandatarios estatales podría quedar en un mero trasvase de complicidades con la criminalidad, sin ningún efecto real en lo que se refiere a la verdadera implantación de un estado de derecho.

AMLO tomó como referencia lo ocurrido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala y ahí hay un dato incuestionable: los cuerpos policiales del ayuntamiento, el estado y la Federación, así como el Ejército, compartían información en tiempo real por medio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), supieron lo que ocurría y, sin embargo, no fueron capaces de reaccionar ante la atrocidad oficialmente atribuida a policías municipales en contubernio con un grupo delictivo.

Es decir el solo Mando Único Policial Estatal no resuelve problemas y si los puede complicar.

El municipio se creó para hacer una justa distribución del deber y del poder, abocados a conducir la vida comunal en todos sus ámbitos. Entre esos deberes y poderes está la facultad de proporcionar la seguridad pública que ahora se transferiría a un mando estatal y este a su vez a uno nacional.

Ya tenemos el mago, nos falta el conejo y la chistera, diría la abuela.