Caminos del sur/Manuel Nava

Rescatando al municipio

La problemática que enfrenta Acapulco es el resultado de la inoperancia del aparato administrativo de gobierno, la que a su vez tienen su origen en las políticas administrativas deficientes o en la corrupción.

Aun cuando las fallas se le puedan atribuir a la insuficiencia de ingresos, eso da pie a limitaciones, si es que los recursos monetarios son bien administrados. En días pasados la alcaldesa Adela Román dijo que  su administración requiere de mil 400 millones de pesos para saldar algunas deudas que heredó del gobierno anterior,  por lo cual,  adelantó que buscará el rescate financiero de Acapulco con el Gobierno Federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del primero de diciembre.

Por si fuera poco argumentó que hasta el momento López Obrador ha demostrado un gran interés en Acapulco, sobre todo, luego de haberlo integrado en un programa social que tendrá una fuerte inversión económica para el próximo año.

Pero la operación de rescate financiero no es tan sencilla como se pronuncia. Se trata de acto de prestar o dar capital financiero a una entidad (empresa, país o individuo) que se encuentra en peligro de bancarrota, para salvarlo de la quiebra, insolvencia, la liquidación o la ruina, o para permitir que una entidad quiebre sin producir contagio financiero.

No es la simple transferencia de recursos. Tiene costos económicos y políticos. Aun cuando se apela a la identidad ideológica, todo rescate financiero que no va apoyado con una reorganización de las finanzas y esquemas operativos, está condenada al fracaso y a repetir la historia en el corto plazo con peores consecuencias.

De entrada, un régimen que se enmarca en la política de austeridad republicana propuesta el máximo líder nacional de Morena, no puede ni debe simple y sencillamente estirar la mano para pedir recursos sin antes aplicar las medidas correctivas necesarias.

Hay mucho indicios que la insolvencia municipal tuvo su origen en la administración deshonesta de los recursos financieros y nuestras leyes establecen sanciones para ello.

Si la propuesta de Román Ocampo fue una salida fácil ante la presión de que estaba siendo objeto por trabajadores que reclamaron la cobertura de los adeudos a la institución de seguridad social que tienen, entonces hay otra falla al espíritu morenista: no mentir.

La insolvencia del ayuntamiento no se puede resolver mediante la voluntad piadosa del próximo presidente república, pues también está sujeto a mandatos legales que le obligan a pedir garantías para instrumentar un rescate y este tenga éxito.

Esas garantías pasan por el recorte de los egresos, por el uso racional de los recursos financieros y materiales, por una revisión profunda de la plantilla laboral, medidas que a la fecha, el nuevo gobierno municipal ha venido aplazando.

Es verdad que las acciones en contra de un adversario que tiene atrás de si una fuerza política y/o extrapolítica, deben ser cautelosas e ir más allá de linchamiento mediáticos o le negociación vergonzante.

Exige también congruencia de parte de quien aplica los correctivos para no repetir esos errores o practicas indeseables.

Cuando la corrupción es la fuente de las deficiencias, entonces, más que un rescate financiero se requiere una cirugía mayor para la cual las arengas políticas resultan superfluas y alimentan especulaciones.

A la honestidad me la presentaron antes que al ladrón, diría la abuela.