El otro desaparecido

La reapertura de las investigaciones del caso Iguala puede dar tanto vuelcos como los que ha presentado desde el inicio de las investigaciones en 2014 hasta el inicio de la nueva etapa con la instalación de la Comisión de la Verdad.

La polarización posturas fue casi inmediata. Unos grupos politizaron la situación y pusieron como blanco de sus alcances políticos a Enrique Peña Nieto y el Ejército nacional bajo la consigna fue el Estado.

A lo largo de su historia Guerrero es considerado como un foco de atención por  presentar problemas que afectan la seguridad nacional, movilizaciones de inconformidad social con desenlaces violentos además del narcotráfico y la guerrilla.

En ese contexto, que la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa haya sido motivo de investigación por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional es una acción entendible.

El video que circuló durante la semana y que permite inferir que Julio César López Patolzin, uno delos 43 normalistas desaparecidos,  era integrante del ejército mexicano, tiene ese contexto.

Vidulfo Rosales abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, salió casi de inmediato a decir  que el normalista Julio César López Patolzin no era informante del Ejército y explicó que López Patolzin siempre quiso ser profesor, para lo cual aplicó a la Normal de Tenería, pero, al no ser admitido se inscribió en el Ejército, se inscribió en la Normal Isidro Burgos, donde llevaba un mes como aspirante y uno como alumno, tiempo que no le habría servido para fungir como ‘espía‘, dijo el abogado.

En 2015 Vidulfo Rosales, revela que los 43 aún no eran alumnos, ya que les faltaba inscribirse.

El 22 de junio Rafael López Catarino, padre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, confirmó que su hijo fue militar, pero “desertó” el año pasado para ingresar a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

También dijo que su hijo no es el único militar que ha estudiado en la Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que reprochó que lo señalen como infiltrado y pretendan culparlo de la tragedia de Iguala.

Cuestionó la falta de transparencia en el manejo de recursos económicos destinados por organizaciones y activistas, además de la falta de respuesta de las autoridades, han generado un gran desgaste físico y moral entre algunos de los padres de los jóvenes, por lo que prefirieron mantenerse alejados del movimiento, aunque siguen firmes en la exigencia de justicia.

En octubre de ese mismo año, Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional declaró que el nombre coincidía con el de un “militar en activo” que también estaba “desaparecido“.

Desde octubre de 2014 funcionarios federales y estatales tenían conocimiento de que al menos dos de los 43 estudiantes matriculados en Ayotzinapa eran militares en activo.

Es incuestionable la necesidad de esclarecer el Caso Iguala y aplicar las sanciones que corresponde, ejercer la justicia que es muy diferente a la venganza.

No se trata de aniquilar lo que ya se ha investigado durante todos estos años, porque no concuerda con el resultado que algunos quieren obtener de esas investigaciones.

Se podrían tener diferentes opiniones sobre los hechos, pero no se pueden ignorar los datos duros de las investigaciones porque entonces estaríamos hablando de hechos diferentes.

La visión estrecha de que únicamente fue el Estado pretende ignorar la complicidad de las autoridades locales con los criminales, y también de la relación de líderes de los estudiantes con otro grupo criminal Los Rojos.

Se pretende cuestionar a la institución del Estados pero dejar impecable la del narcoestado.

La mentira es un triste sustituto de la verdad, pero es el único que se ha usado hasta ahora, diría la abuela.