¿Quiere López Obrador incendiar Guerrero?

Si Guerrero se prende, no va a haber agua que alcance para apagar el pastizal, dijo el sábado pasado el senador priísta Manuel Añorve. Se refería al conflicto en ciernes relacionado con el salario de 5 mil 700 maestros que trabajan en el estado sin que exista formalmente presupuesto para pagarles, pero que hasta diciembre pasado cobraban gracias a transferencias de recursos que para ese fin el gobierno federal hacía a la administración estatal.

El conflicto se presentó porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió no realizar esas transferencias, es decir, no reconoció como suyo el problema, como si hubiera un problema en el país que no sea suyo. Es probable que esa determinación le haya sido comunicada al gobernador Héctor Astudillo Flores a mediados de febrero, quizá en respuesta a su solicitud de renovar los convenios que cada año eran establecidos con la Secretaría de Hacienda y la SEP. Algo sucedió por esos días en las negociaciones con el gobierno federal, que el 22 de ese mes el gobernador de Guerrero apeló a la opinión pública, expuso abiertamente el tema y anticipó que después de pagar enero y febrero, su gobierno no tendría fondos para saldar la primera quincena de marzo, pago que demanda 110 millones de pesos mensuales. Advirtió entonces que si el gobierno federal no transfería el dinero, “no vamos a poder pagar a los maestros”.

La búsqueda de los recursos y del respaldo de López Obrador para pagar a los maestros en desamparo administrativo debe haber consumido los esfuerzos del gobierno de Astudillo Flores desde entrado el año, pero se intensificó en febrero y los primeros días de marzo, sin éxito alguno. Ante el silencio de Hacienda y de la SEP, con cuyos titulares suponemos se reunió Héctor Astudillo, la posición del gobierno de López Obrador al respecto fue fijada el 1 de marzo por el delegado federal Amílcar Sandoval Ballesteros –hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval–, quien expresó que la responsabilidad de pagar a los 5 mil 700 maestros era del gobierno del estado, y se vería si poco a poco se podían ir regularizando. Es el mismo argumento que se pretendió aplicar en el reciente conflicto magisterial de Michoacán.

La respuesta que por esa vía dio López Obrador a Astudillo no dejaba espacio para el optimismo. Para ese momento el ir y venir de esa negociación había exasperado a los maestros cuya suerte estaba y está en vilo, y la semana pasada desataron una ola de movilizaciones en el estado, en protesta por la falta de respuesta y certidumbre al problema de su salario. A eso se refirió Manuel Añorve con la metáfora del incendio en el pastizal.

Hubo una novedad en esas protestas: no las realizó solamente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), la versión local de la CNTE, sino también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE. Por separado, en días diferentes, ambas organizaciones exigieron al gobierno federal y al gobierno estatal el pago a los maestros que se encuentran fuera de la nómina oficial. Como un anticipo de las complicaciones y del horizonte que puede seguir este conflicto, el jueves de la semana anterior los maestros de la CETEG se metieron a la sede de la delegación del SNTE en Chilpancingo, cometieron actos vandálicos y sustrajeron muebles y papelería y los quemaron en la explanada del edificio. No había un motivo para ello, pero los cetegistas dijeron que lo hicieron en demanda del pago a los maestros fuera de nómina, y en reclamo al “charrismo” del SNTE.

Todavía el 13 de marzo, Héctor Astudillo hizo pública su esperanza de que la SEP o Hacienda respondieran favorablemente y autorizaran la transferencia de recursos. Es posible que hace ocho días, el lunes 11, el gobernador de Guerrero haya planteado una vez más el tema al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, con quien casi estuvo sentado codo a codo en el informe que López Obrador ofreció por los primeros cien días de su gobierno en el Palacio Nacional. Si así fue, tampoco eso surtió efecto. Tendrá otra oportunidad para hablar sobre el asunto directamente con el presidente López Obrador cuando éste visite Acapulco el próximo viernes, diez días antes de que termine la segunda quincena del mes.

El problema es serio y explosivo. El argumento de que se trata de compromisos estatales no se sostiene ni puede ser pretexto para que el gobierno federal sencillamente arroje el bulto al gobierno del estado. Eso equivaldría a arrojar un cerillo encendido al pastizal seco. A menos que sea eso lo que se busque.