Las chispas incendiarias

El radicalismo de algunos grupos, está llevando al gobierno de López Obrador a puntos de contradicción. Cuando eran oposición se recurrió a formas de protesta que llevaron a los gobiernos de entonces al dilema de reprimir o ser omisos de la ley. Ahora ese mismo le está siendo aplicado a un gobierno que se ostenta de izquierda.

El reclamo de las diferentes escuelas normales cundió durante los últimos días. Fueron expresiones de un reclamo social pero la diferencia es que se está haciendo un uso cotidiano de la violencia.

La violencia callejera de los anarcos se le atribuyó a grupos conservadores, pero la que comienzan a desplegar los normalistas no puede atribuirse de manera mecánica a grupos conservadores.

Las manifestaciones pueden definirse como un ejercicio de acción cívica para expresar de forma pública inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas, de diversa índole. Esta acción cívica también puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos.

El ingrediente adicional es que diferentes grupos, radicales conservadores y de izquierda, se amparan en la desobediencia civil, sacándolo el concepto de su contexto original.

La desobediencia civil constituye un resorte fundamental del dispositivo simbólico que se activa dos de los principios legitimadores del orden democrático: la soberanía popular y el reconocimiento mutuo del derecho a tener derechos.

Pero lo que vimos en días recientes, fueron actos de actos delictivos a partir de los cuales se intimidó a la ciudadanía y se chantajeó a la autoridad. No hubo negociación política.

El problema no son las escuelas normales, sino el uso de los estudiantes como peones de la obtención de canonjías y esta conducta puede irse expandiendo. La pradera de las escuelas normales puede constituir un escenario de un incendio más grande de lo que se puede vislumbrar.

Las primeras Normales se abrieron al inicio de la vida independiente de México para instruir preceptores del sistema lancasteriano, que fue predominante hasta los últimos 20 años del siglo XIX. En el Porfiriato se inició una profunda reforma educativa que modernizó los métodos y materiales de enseñanza y se emprendió el primer intento serio por profesionalizar a los maestros mexicanos.

En la actualidad existen al menos seis tipos de Escuelas Normales. Aproximadamente hablamos de 444 en todo el país, 262 públicas y 178 privadas. Las Escuelas Normales Rurales fueron creadas en la década de 1920.

Las Normales Rurales tienen su antecedente en las Normales Regionales Campesinas y las Escuelas Centrales Rurales. Desde sus inicios estas instituciones estuvieron alejadas de las prioridades del gobierno federal, lo cual implicó que carecieran de un presupuesto suficiente para cubrir sus necesidades.

Así, los docentes y los estudiantes se veían obligados a buscar apoyos económicos de otras fuentes, lo que trajo como consecuencia que se generara un sentido de autonomía y permitió construir una vinculación con las comunidades que albergaban a las escuelas y las apoyaban materialmente.

Durante los 30 las Normales Rurales sufrieron cambios importantes. Primero, se consolidaron y normaron los mecanismos de autogobierno y se impusieron nuevos requisitos de ingreso a los aspirantes. Entre ellos llaman la atención dos: se pedía un certificado de pobreza y otro de “pureza” ideológica.

En 1945, se implantó en las Normales Rurales un plan de estudios que las homologaba con las urbanas, con las que se vieron obligadas a competir en clara desventaja. De esta forma, el Estado prácticamente renunció a la idea de formar maestros especializados en atender las necesidades educativas del campo. Se dejó a las Normales Rurales a su suerte y se las puso en el camino de la sobrevivencia por sus propios medios.

Para los 60 el conflicto entre los gobiernos estatales y federales y las Normales Rurales tomó nuevos matices, cada vez más violentos. Tras el ataque al cuartel militar en Madera en 1965, en el que participaron los hermanos Gámiz, uno de ellos egresado de la Escuela Normal del estado (pero no de una rural), se desató la violencia contra miles de jóvenes.

Durante el periodo de Miguel de la Madrid se propuso homogeneizar la formación de docentes (y ahora su evaluación mediante exámenes estandarizados), las Escuelas Normales Rurales han resistido y mantienen en la mayoría de los casos las áreas “asistenciales” (los internados y comedores) y las de producción agropecuaria, lo que permite que estudiantes de muy bajos recursos económicos puedan realizar estudios de tipo superior y prepararse para trabajar en zonas rurales.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari se planteó la desaparición de las normales rurales.

La propuesta de López Obrador de revitalizar a todas las normales públicas, no está siendo suficiente, inscritos más en una conducta antisistémica, el liderazgo normalista saca de contexto la desobediencia civil y emplea la violencia contra las instituciones y los ciudadanos como táctica de lucha.

El violento inventa pretextos para justificar lo que hace diría la abuela.