Caminos del sur/Manuel Nava

Episodios en la guerra contra el narco

En la historia reciente de México se han registrado casos de alto impacto, desde que en 2006 se decretó la guerra contra el narcotráfico”.

Episodios en los cuales los carteles del narcotráfico han mostrado su capacidad de combate son más de uno a lo largo de esos años. Las masacres de Allende y San Fernando, el combate de Guadalajara entre otros. A ellos hay que sumar lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.

No existe un antecedente histórico más contundente que muestre la incapacidad del Estado mexicano para contener la violencia generada por los cárteles de la droga como el ocurrido hace unos días.

Las múltiples contradicciones en la versión oficial sobre los hechos ocurridos en Culiacán, conducen a una crisis política para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No se puede explicar el hecho sin atender a la lucha de poderes, tanto al interior de la clase política como entre los institucionales y los fácticos.

Las inconsistencias en las versiones oficiales sobre la liberación del hijo del ‘Chapo’ Guzmán, que detonó un tiroteo masivo en la ciudad de Culiacán obstaculizan determinar si la captura de Ovidio Guzmán fue consecuencia de un operativo planeado o se dio de manera fortuita, tras un patrullaje de rutina. Tampoco queda claro cómo se realizó la captura y la posterior liberación de Ovidio Guzmán.

La postura oficial del Gobierno y su respuesta ante la crisis generaron una serie de críticas. Algunos analistas y periódicos nacionales calificaron el hecho como un sometimiento del Estado mexicano y la Cuarta Transformación a manos del crimen organizado.

Algunos de manera precipitada y con información muy superficial, otros con intención más propagandística que con elementos de rigor, emitieron sentencias lapidarias: México es un ‘Estado fallido’ o se instauró un ‘Narco Estado’ y esto se debe al gobierno de la 4T.

Si bien hace más de una década podríamos haber hablado de una infiltración del crimen organizado en las autoridades, la realidad es que hoy, el panorama es desalentador pues el narcotráfico ya es quien gobierna en nuestro país, prueba de ello son los más de noventa candidatos asesinado durante el actual proceso electoral.

Esto proceso no ha sido a lo largo de 2019 sino mucho antes, desde la década de los 80 los carteles de la delincuencia organizada no solo han infiltrado estructuras de gobierno sino que se han convertido en gobierno,  institucional o de facto.

Hoy ya tenemos al crimen organizado ejerciendo y buscando el poder. Si han asesinado a tantos candidatos es porque hay ajustes de cuentas en el campo de la política. Los miembros de la delincuencia disputan negocios ilegales, representación en el Congreso y el mando de municipios o gubernaturas. La violencia es una forma de proteger sus intereses y de evitar que se legisle en materia de lavado de dinero o restricción de dominio.

Ya no es un tema del PRI ni del PAN. Ningún partido tiene los controles necesarios para evitar el arribo de personajes ligados a intereses criminales como candidatos. No les importa verificar si los financiamientos son legales e ilegales. Con tal de conseguir el poder abren las puertas a todo mundo.

Lo ocurrido en Culiacán pone en entredicho la política de seguridad pública de López Obrador. Los hechos demuestran que sus principios no corresponden ni a las dimensiones ni a la gravedad del problema.

Se necesita estructurar la política de seguridad pública  porque hoy es confusa, abigarrada.

Se deben atender varias variables como un proyecto de combate a la delincuencia con las policías o el Ejército; se necesita una política social que desactive la violencia; una política económica que genere empleo y en consecuencia aleje a ciertos grupos de la actividad criminal. Se debe plantear una política integral donde la amnistía sea apenas un elemento.

En México la impunidad está considerada arriba del 98 por ciento. La mayoría de los gobernadores acusados de corrupción están detenidos, pero no se les ha decomisado nada o muy poco.

El lavado de dinero es uno de los delitos con mayor impunidad en México. A pesar de que a casi todos los gobernadores presos se les acusó de esto, no se les aseguró un solo peso. El dinero está intacto, es una situación muy lamentable. Sucede lo mismo con el crimen organizado. “El Chapo” Guzmán perdió su libertad física, pero no su libertad financiera.

No se puede estar en paz mientras se domine con el miedo diría la abuela.