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ACAPULCO, Gro., 11 de agosto del 2021.- La 62 Legislatura al Congreso de Guerrero aprobó un dictamen de adición a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para establecer la obligatoriedad en la certificación de los profesionales contables que dictaminan las cuentas públicas de las entidades fiscalizables que son remitidas a la Auditoría Superior del Estado.
De acuerdo con un boletín, en la dictaminación de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado que se aprobó en sentido positivo, al coincidir con el promovente Jesús Villanueva Vega, se estipula que la profesionalización y especialización en los distintos campos de la administración pública es una necesidad para mejorar el proceso de fiscalización y garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos.
Con esta reforma se pretende evitar casos en que los entes fiscalizables son “asesorados” por despachos externos que no cuentan con los conocimientos de contaduría o auditoría gubernamental, lo que induce a procesos equívocos en la entrega de resultados y genera perjuicio al erario.
Por lo anterior, se indicó, resulta necesario que la entrega de las cuentas públicas se profesionalice bajo los siguientes lineamientos: a) Que la información financiera gubernamental de las cuentas públicas que se presenten a la Auditoría Superior del Estado por parte de las entidades fiscalizables debe ser dictaminada por un contador público con certificación profesional vigente en materia de contabilidad y auditoría gubernamental.
b) Que la expedición de la certificación correspondiente debe ser por una asociación de profesionistas de la contaduría que cuente, a su vez, con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública y que se encuentre registrada ante la Auditoría Superior del Estado para expedir este tipo de reconocimientos.
c) Que la ASE deberá emitir las bases y requisitos para la integración y registro de un padrón de contadores facultados para elaborar los trabajos de dictaminación de la información financiera gubernamental de las cuentas públicas.
Todo lo anterior con la finalidad de dar solución a problemas en la integración de las cuentas públicas, evitando la complejidad y sofisticación de las diversas etapas, procesos, insumos, conocimiento de las normas e información financiera que deben desarrollarse en el proceso de contabilidad y auditoría gubernamental, evitando que personas sin la preparación científica realicen procedimientos contables a las cuentas públicas de los entes fiscalizables, y erradicar actos de corrupción.