Inician el 27 de noviembre comparecencias por tercer Informe de Evelyn
CHILPANCINGO, Gro., 13 junio de 2017.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Flor Añorve Ocampo aseguró que el Poder Legislativo aún no puede regular a los grupos de policías comunitarios que operan en la entidad.
La diputada dijo que esto ocurre porque las propuestas de ley continúan en las comisiones y porque el gobierno del estado no ha entregado los análisis de los foros que realizó, sobre el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
Este martes en el Congreso, la priísta Flor Añorve fue consultada sobre el ataque armado en San Pedro Cacahuatepec, donde murieron siete personas y resultaron dos heridas y en el que se responsabiliza del hecho a integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Añorve Ocampo dijo no tener conocimiento en esta tesitura y argumentó que la semana pasada se recibió al dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio quien solicitó mesas mesa de trabajo entre esta agrupación y el gobierno del estado, donde el Congreso fuera el aval, para determinar la función y actuación de las policías comunitarias.
En este sentido, la legisladora dijo que el Congreso no puede organizar, ni solicitar estas mesas de trabajo, cuando ya en las comisiones (de Justicia y Asuntos Indígenas) existen propuestas para la nueva Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, pero que éstas siguen en análisis y serán las comisiones quienes determinen los tiempos.
Flor Añorve expresó que regular a las policías comunitarias y desarmarlas podría ser sano, además de determinar su función, porque a veces estas agrupaciones sirven a la comunidad, pero aceptó que en ocasiones provocan enfrenamientos.
Por otra parte, la líder del Congreso afirmó que todavía no hay fecha para la comparecencia del fiscal Xavier Olea Peláez y que esto será hasta que la Jucopo tome el acuerdo.
Agregó que hasta el momento sólo se tiene prevista la comparecencia del fiscal y no del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, aunque no descartó la solicitud de comparecencia si alguna fracción o comisión de diputados lo pidiera.
Sobre el tema de los desplazamientos de familias en Chilapa, la priísta indicó que el Congreso está en comunicación con la Secretaría de Gobierno, para que sea esta dependencia quien atienda el problema.