ACAPULCO, Gro., 15 de noviembre de 2019.- “Si hay feminicidios es porque alguna autoridad no ha hecho lo que le corresponde”, “no hay comprensión sobre la perspectiva de género en la impartición de justicia” y, “la opinión pública y las autoridades descreditan por su conducta sexual antes de ser agredida”, fueron algunas expresiones vertidas durante el conversatorio Sentencia Campo Algodonero, a una década de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) resolvió el caso ocurrido en el estado de Chihuahua.

En el diálogo convocado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, participaron la maestra en derecho y feminista, Karla Micheel Salas Ramírez; la directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Acapulco, Lourdes Garduño Rebolledo; y fue moderado por la delegada en Acapulco de la CDHEG, Fanny Ruth Lara Figueroa.

En el auditorio del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), la activista Karla Salas advirtió que en la última década la violencia contra las mujeres en México no se ha frenado y en cambio va en aumento, a pesar de los mecanismos e instrumentos legales que se tienen.

Indicó que en el caso de Guerrero, la violencia se acentuó por la lucha de los espacios y territorios del crimen organizado; sin embargo, dijo que las mujeres no sólo corren riesgo en el espacio público y la violencia social, sino que el 70 por ciento de los feminicidios, tanto en el estado como en el país son cometidos por personas con las cuales la víctima tenía alguna relación y, dentro de sus casas, “donde se supone estamos más seguras”.

Destacó al principio de su intervención que discursivamente hay un avance en perspectiva de género, pues cada 25 de noviembre y 14 de marzo, el mensaje de políticos y de figuras institucionales alienta reformas legales y otorga espacios de representación a las mujeres; sin embargo “cuando esto se contrasta con el incremento alarmante que tienen las cifras, vemos que hay una brecha entre el discurso y lo que está pasando en la realidad”, reprochó.

Señaló que el 99 por ciento de los feminicidios quedan en la impunidad a pesar de las pruebas que inculpan a alguna pareja o familiar de la víctima.

Asimismo destacó que el 40 por ciento de las sentencias emitidas por la CIDH son casos de Guerrero: las violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; la desaparición forzada de Rosendo Radilla; y el caso de tortura contra los ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

La directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acapulco, Lourdes Garduño Rebolledo expresó que la Ley de responsabilidad de servidores públicos “se queda corta”, porque no hay más que sanciones administrativas.

“¿Cuáles son las penas del acoso laboral?”, cuestionó y señaló que en Guerrero hay una “gran deuda” en materia legal para hacer justicia a las trabajadoras domésticas.

Garduño Rebolledo consideró que en los juzgados se deben convencer para deconstruir y abatir resistencias que aún existen. “Parecerá discriminatorio, pero hay voces que dicen, ‘que te toque la jueza o el juez’ o viceversa. Nos cuesta trabajo porque el niño conoce el mundo que se le presenta y a nosotros se nos presentó un mundo en el que la violencia es naturalizada; sin embargo, estamos en la búsqueda de justicia, hasta que la dignidad se haga justicia”, expuso.

De la alerta de género emitida para este destino de playa, las participantes en el conversatorio pidieron que sean supervisadas las acciones por la aplicación de recursos públicos a los municipios.

En la inauguración estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Alberto López Celis; el presidente de la CDHEG, Ramón Navarrete Magdaleno; la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, entre otros funcionarios.