El INE no evalúa retirar candidatura a gobernador de Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 2018.- La información que indica que el Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa retirar la candidatura de Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura de Morelos, tras investigar si recibió un soborno de siete millones de pesos, es falsa.

Si bien es cierto que, en agosto de 2016, la periodista Denisse Maerker presentó una investigación que prueba que el ex futbolista firmó un contrato por siete millones de pesos para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por el Partido Social Demócrata (PSD), la investigación sigue en proceso en el INE desde entonces y no tiene relación con su futuro político.

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE abrir una investigación al respecto. Verificado 2018 pidió al INE conocer el estatus de la investigación, sin embargo, declinó dar mayor información por ser un proceso abierto.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta también con una carpeta de investigación en contra de Blanco en la que se investiga si tenía dos credenciales de elector con residencias distintas y la firma del contrato de siete millones de pesos, dijo Santiago Nieto, entonces titular de la fiscalía en marzo del 2017.

“Ese punto en específico está siendo sometido a un proceso de investigación por parte de la Fiscalía, y en caso de que se determine que existe una responsabilidad, será sometido a las autoridades”, comentó Nieto sobre la firma del contrato.

La falsificación de la credencial de elector supone un delito de Alteración del Registro Federal Electoral, lo cual tiene una sanción de tres a siete años de prisión y multa de 70 a 200 días.

El riesgo para la candidatura de Blanco aunque latente, es improbable, si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó en 2013 que los ciudadanos no pueden ser privados de sus derechos político-electorales a menos de que estén privados de su libertad por un proceso criminal.

Es decir, tendría que declararse un auto de formal prisión en contra de Blanco para que la autoridad le retirase la candidatura.