El precio del exceso verbal

Los sucesos a partir de la difusión por Latinus de la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que refiere a su hijo y a un eventual tráfico de influencia con Pemex, constituyen el episodio más grave y preocupante de la relación del poder con los medios de comunicación. Lo ocurrido es consecuencia de la complacencia compartida entre el presidente, su círculo cercano y quienes hemos sido afectados por la impunidad verbal del mandatario. Nosotros, por no acudir a los medios judiciales en defensa de nuestro derecho a la dignidad, salvaguardado por la ley.

La contención al exceso debió hacerse mucho antes. Las mañaneras están al margen de la ley, y su tarea de informar es tergiversada con engaños y propaganda. Ninguna autoridad, menos quien detenta la condición de jefe de gobierno y jefe de Estado, puede quebrantar el código al que está sujeto todo gobernante. Bienvenido el ejercicio de información, aún excesivo y desproporcionado, como el de López Obrador, que no es tal. La mañanera presidencial ha sido de un ofensivo protagonismo que agrede y difama a particulares, se insulta y persigue a quienes encabezan instituciones autónomas, se denigra a empresas y se ofende a autoridades y gobiernos de otros países. Un solo caso merecería reprobación, pero una conducta recurrente, ahora normal y tolerada, orilla a que el problema vaya creciendo por la falta de prudencia y mesura del presidente y de su equipo de comunicación.

Efectivamente, la confrontación va en escala, y la reacción de López Obrador ante el reportaje de referencia es desproporcionada; de desapego a la ley y a la ética del servicio público; contraproducente a su propia causa, produciendo a su proyecto una herida difícil de superar. Revela, asimismo, que el mandatario está solo y fuera de la realidad. Sus cercanos y quienes tienen influencia optan por callar o someterse a sus impulsos autoritarios. El presidente es el responsable, pero también quienes por acción u omisión le han llevado a ese extremo.

Es inevitable que su agresión a los medios y a algunos destacados periodistas, y los hechos mismos denunciados darán lugar a una investigación de las autoridades, no sólo mexicanas, también norteamericanas; especialmente de la SEC (toda vez que las dos empresas involucradas, Pemex y Baker Hughes, cotizan en la bolsa neoyorkina). Los procesos legales se desahogarían en lo que resta del actual gobierno.

El proyecto político del presidente sufre su más severo golpe, no por la revelación de un asunto que, en otra perspectiva y circunstancia, carecería del mismo impacto, sino por la conducta presidencial. No importa si persiste la popularidad o aceptación presidencial; el mandatario pierde confiabilidad ante los suyos, desprestigio en un segmento importante de la población, la convicción entre sus opositores de que es obligado luchar contra él y una ruptura de difícil reconciliación con lo mejor de los medios de comunicación.

El costo del silencio es muy elevado en quienes por miedo, compromiso o interés han preferido callar o remitirse a la complacencia. Ahora más que siempre es muy oneroso estar con López Obrador, particularmente porque en 31 meses habrá de darse el relevo del gobierno que, fundadamente previsible, será en términos de desencanto y frustración por lo magro de los resultados y por el extravío ético del proyecto transformador. Como con todos los presidentes que abusaron del poder ocurriría, aunque su mismo partido y candidato(a) prevalezca en los comicios de 2024.

Deben preocupar, y mucho, la secuela de lo acontecido. La personalidad del presidente no da para esperar que habrá reconocimiento o enmienda del grave error. Al menos ahora hay una actitud diferente de buena parte de la sociedad: una mayor conciencia del abuso de poder y un sentido de cohesión y unidad en los profesionales de la comunicación y en los interesados en la salvaguarda de la libertad de expresión y en la exigencia de que el poder presidencial debe someterse a la ley.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto