ACAPULCO, Gro., 13 de septiembre de 2016.- El coordinador de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja expresó que el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre “es víctima de sus malos manejos y de su propia corrupción”.

Agregó que “mal haríamos si permitiéramos que un alcalde haga lo que le venga en gana con las finanzas de su municipio para comprometer los recursos violando la ley y la Constitución, si a eso le llaman politizar entonces estamos politizando si no seríamos omisos, negligentes y alcahuetes y no lo vamos a ser. No podemos permitir que se salga con la suya al brincarse al Congreso para cometer actos ilícitos”.

El diputado informó que en el acuerdo económico y en el acta de Cabildo de la sesión del 19 de agosto, en donde se daba a conocer la contratación de una línea de crédito con el Banco Interacciones por 158 millones de pesos, constaba una información que dista de la que se publica en la Gaceta del Ayuntamiento, es decir “se muestra una Gaceta adulterada, no es el mismo acuerdo económico sometido a votación”.

Mejía Berdeja calificó de grave la manipulación de los acuerdos de Cabildo, “se le pidió a la administración municipal que hicieran las cosas bien, que se modificara la ley de ingresos 2016, que solicitara la autorización del Congreso y luego hiciera un concurso transparente para encontrar las mejores condiciones crediticias y sin embargo no hicieron caso, prefirieron adulterar el acuerdo y así publicarlo en la gaceta”.

Reiteró que no era un asunto de victimización, “pedimos que hagan las cosas bien,  pretender brincarse al Congreso para encubrir sus malas prácticas, les adelanto que no lo vamos a tolerar. Solo esperamos que no haya un banco incauto que le preste a esta administración de manera fraudulenta”.

El diputado remarcó que la violación al artículo 195 de la constitución local conlleva a una responsabilidad política por lo que si el perredista infringe las leyes que regulan el manejo financiero del municipio será objeto de responsabilidad legal.

Lo que se pretende es pagar gasto corriente y seguramente gastos políticos, de ahí que su urgencia por conseguir los 158 MDP sin tomar en cuenta a la ley y al Congreso.