Exige UPOEG la liberación de 10 integrantes detenidos en Xaltianguis

ACAPULCO, Gro., 13 de noviembre de 2019.- Habitantes de Xaltianguis desplazados por la violencia en ese poblado, exigieron la liberación de los 10 integrantes de la Unión de Pueblos Originarios del Estado (UPOEG) y, quienes fueron detenidos el lunes pasado por autoridades estatales tras un dispositivo.

En conferencia de prensa el promotor de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio denunció que “no aparecen” cinco de sus compañeros tras la incursión de las autoridades esta mañana al poblado, dado que huyeron a los cerros para “protegerse” y, hasta el mediodía no se habían reportado.

El señor Romualdo Flores Jiménez indicó que son unas 50 familias desplazadas por la violencia hace más de un año, las cuales viven en la zozobra porque aseguró, “ninguna autoridad ha resuelto” el problema que aqueja a los habitantes de esa población de la zona rural de Acapulco.

Flores Jiménez hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para resolver la situación que añadió, se acentuó hace siete meses.

Aseguró que desde el 7 de mayo pasado que se enfrentaron integrantes de la UPOEG contra integrantes del Sistema de Seguridad de Xaltianguis, encabezado por Daniel Adame Pompa, incursionó también gente de Tlacotepec que aún estaba en el poblado.

Los desplazados, quienes omitieron sus nombres y no permitieron que se filmaran o fotografiaran sus rostros, porque aseguraron ser perseguidos por los opositores de la UPOEG, informaron que hay 23 denuncias de familias ante la Fiscalía General del Estado, así como un número indeterminado de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero; pero ninguna ha sido resuelta, carecen del fallo del juez o alguna orden de aprehensión.

Hicieron responsable a la presidenta del puerto Adela Roma Ocampo de la creciente violencia, pues afirmaron que no asume la responsabilidad que le corresponde.

Reprocharon también el apoyo que otorgan los actuales senadores por Morena, Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado al grupo de civiles armados opositores a la UPOEG.

Culparon a las autoridades, al Ejército y a la Marina de querer brindar seguridad sólo a quienes les han causado daño e incluso que han permitido el saqueo de un centenar de viviendas.

Exigieron al gobierno municipal que asuma la responsabilidad que le corresponde, así como protección al gobernador, Héctor Astudillo Flores, pues las familias quieren volver a sus viviendas.

“Somos 15 compañeros maestros desplazados y más de 50 familias desplazadas fuera del estado”, dijo otro orador, quien añadió que antes de la llegada de la UPOEG, pedían cuota de 200 pesos a unos 450 maestros y, ante el temor de ser lastimados cada quincena pagaban.