LEONARDO BRAVO, Gro., 11 de noviembre de 2019.- Habitantes desplazados de nueve comunidades de la sierra exigieron al gobierno federal y estatal regresar a sus comunidades de donde fueron desplazados hace un año tras la irrupción del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, y cuestionaron que si buscan que ellos se armen.

Al concluir la marcha que llevaron a cabo al cumplirse un año de su desplazamiento, los afectados llevaron a cabo declaraciones en la explanada del Ayuntamiento de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, en donde llamaron al gobierno federal a intervenir en ese caso, que había sido atendido sólo por el gobierno estatal mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Marisela Cástulo Guzmán, habitante de Los Morros, expresó en declaraciones que es fácil decir que se cumple un año, sin embargo, sólo ellos saben lo difícil que ha sido.

“Al gobierno le pido de la manera más atenta que haga algo, estamos vivos ahorita, qué espera que nos muéramos, o eso querrá que nos muéramos para que ya no hagamos ruido, nosotros queremos que quede libre el corredor Casa Verde a Corralitos y Polixtepec, que ahí queremos quedar en manos del gobierno, pero gobierno real, no que esa gente que está en nuestros pueblos que no los conocemos, ni ellos nos conocemos”, dijo.

Consideró que si el gobierno quisiera podría desalojar la zona para que ellos regresen y cuestionó por qué no lo hacen; exigió paz para la sierra y que respeten sus derechos y tradiciones, pues recordó que el Día de Muertos no pudieron ir a ver a sus padres y familiares, a pesar de ser originarios de esa zona.

“¿Qué hacemos?, ¿qué esperan a que nos armemos, a que armemos a todos esos niños que cargamos, y qué va a hacer?, es lo que querrá, porque se ve que sí, es lo que quiere, que la gente, mujeres y niños agarremos las armas y que peliemos, pero, ¿a dónde nos vamos a llevar? si por eso huimos, por miedo no por delincuentes, porque si fuéramos delincuentes valientes nos hubiéramos quedado a pelear, pero no buscamos eso, buscamos la paz”, dijo.

Pidió justicia y dijo que no se van a cansar, aunque admitió que están cansados, pero continuarán la pelea por sus derechos, sus pueblos, sus hogares, y patrimonios. 

El director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, reiteró que existe incertidumbre por la posibilidad de que la CEAV no pague sus próximas rentas.

Dijo que entre la exigencia de los grupos de desplazados es que el gobierno repliegue los grupos armados que, dijo, los desplazó y saqueó sus pertenencias; también que se instale un perímetro de seguridad entre Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, que se evalúen las pérdidas que han sufrido, y que se garantice la investigación y sanción de los responsables de la violencia.

Asimismo, dijo, para los desplazados de Zitlala se busca que se compren tierras en donde decidan las víctimas, para construir sus viviendas y ser reubicados.