Familias de desaparecidos van por cambios a ley aprobada en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., 29 de julio de 2026.- Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas acordaron con diputados promover reformas a la recién aprobada Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición de Personas, tras reclamar que no fueron consultados en el análisis final previo a su votación.

La principal demanda de las 26 organizaciones de la entidad es que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) deje de depender de la Secretaría General de Gobierno y se transforme en un órgano autónomo.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Araceli Ocampo Manzanares, se reunió en privado con representantes de 15 colectivos.

En el encuentro se explicaron los alcances de la legislación aprobada por el Pleno el pasado 16 de julio, espacio donde las familias manifestaron sus dudas y exigencias de cambio.

Al término de la reunión, David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, informó que las familias no quedaron satisfechas con el texto aprobado, precisamente porque se omitió su exigencia de dar autonomía a la CEBP.

Molina Rodríguez explicó que la legisladora se comprometió a impulsar una iniciativa de reforma para corregir ese punto, a pesar de que la ley ni siquiera ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Asimismo, adelantó que propondrán la creación de Consejos Ciudadanos regionales integrados por colectivos de búsqueda, académicos, activistas y autoridades municipales para fortalecer las labores de localización.

Otra de las propuestas busca dotar de personalidad jurídica propia al Centro Estatal de Resguardo Temporal e Identificación Humana que se construye en Acapulco, lo que le permitiría administrar sus recursos de forma directa.

 El representante explicó que, aunque el edificio está prácticamente concluido con fondos de la Comisión Nacional de Búsqueda, aún carece de equipamiento, personal especializado y servicios básicos como agua y electricidad.

Por su parte, Gema Antunes, del colectivo María Herrera, cuestionó que las organizaciones no hayan sido convocadas antes de la aprobación del dictamen.

Relató que este reclamo fue planteado directamente a la diputada Araceli Ocampo, quien argumentó que la emisión de invitaciones es responsabilidad del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, cuya ausencia en la reunión también fue reprochada por las familias.

Esta mesa de trabajo entre el Congreso y las agrupaciones se pactó el pasado 20 de julio, durante un encuentro de las familias con la gobernadora Evelyn Salgado en la residencia oficial Casa Guerrero.