Teléfono rojo
Las decisiones erráticas del Presidente de la República Enrique Peña Nieto lo han colocado en el nivel más bajo de aceptación de un titular del Ejecutivo Federal en la historia contemporánea: 86 por ciento lo reprueba y sólo el 12 por ciento aprueba su gestión, según una encuesta de Reforma. Eso significa que de diez personas, sólo una lo califica positivamente.
Si nuestro país contará con un régimen parlamentario el gobierno de Peña Nieto ya habría caído en forma democrática y legal, por no contar con la aceptación de la población. El problema es que le faltan casi dos años de “gobierno”, ha perdido el consenso de la sociedad mexicana y no se ha establecido la revocación del mandato, como una manera de interrumpir anticipadamente un gobierno que le causa un daño terrible a la ciudadanía.
Frente a la llegada de Trump, México enfrenta esta difícil coyuntura con una Presidencia disminuida y cuestionada. Más grave aún: con un Ejecutivo que por cumplir con los compromisos de la reforma energética privatizadora eleva brutalmente el precio de las gasolinas para despejar el camino a las trasnacionales, despertando una enorme inconformidad.
El gasolinazo de inicios de año ha generado un nivel de enojo e irritación social sin precedentes. Al pueblo se le engañó impunemente. En cientos de miles de spot pagados con recursos públicos el Presidente de la República dijo que no habría más gasolinazos producto de la reforma energética. También se mencionó que bajaría el precio de La Luz y el gas. Todo fue una gran mentira.
Lo cierto es que desde la reforma energética advertimos que parte de esa reforma tenía que ver con eliminación de subsidios a la gasolina y a la luz, y que era mentira que bajarían las tarifas. Sin embargo el gobierno de Peña Nieto, además de acelerar la liberalización de los precios de las gasolinas para cumplir a las trasnacionales, como uno de los contenidos de la reforma energética, aumentó, con su partido, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en forma desmesurada.
Es fundamental revertir el gasolinazo. Los Congresos locales y los Ejecutivos de los Estados deben pronunciarse en contra de los gasolinazos. No hay nada que los justifique. Es preferible que la ciudadanía cuente con esos recursos para realizar sus actividades y con ello mueva la economía, a que el gobierno federal recaude más y con ello afecte las finanzas de las familias y del sector productivo, detonando al mismo tiempo la elevación de los precios de la canasta básica y de diferentes servicios y bienes.
El gobierno no debe seguir bolseando a los ciudadanos. Ya este gobierno eliminó a los Repecos, subió el IVA en la frontera, creó impuestos para bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico, eliminó prácticamente las deducciones para las personas físicas, eliminó la exención del IVA para las importaciones temporales, y un largo etcétera, además del terrorismo fiscal.
El gobierno de Peña Nieto no se ha cansado de aumentar las cargas tributarias a los ciudadanos. Se le debe poner un alto de manera civilizada y democrática.
Las reformas estructurales han resultado un fracaso. Advertimos que no funcionarían esas reformas impuestas, cuando fui diputado federal a la LXII Legislatura. El tiempo nos dio la razón.