Guerrero, sumido en violencia, pobreza, marginación y explotación minera

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2016.- El estado de Guerrero no sólo se encuentra inmerso en una vorágine de violencia, pobreza y marginación, sino además y, por si fuera poco, la actividad minera –ejercida principalmente por consorcios canadienses—ha generado un clima de violencia y desplazamiento forzoso de habitantes de pequeñas localidades donde se desarrolla esta actividad productiva.

En esta estrategia comercial, promovida por quienes se dedican a extraer oro, principalmente, los habitantes de Nuevo Balsas, una pequeña comunidad del municipio de Cocula, enfrenta ahora además al monstruo de la minera Media Luna, filial del poderoso consorcio canadiense Torex Gold, que hace un año aproximadamente comenzó a devastar extensas áreas, principalmente los cerros.

Así lo manifestó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, organización que han denunciado ante diversas instancias –como la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum)– que la actividad minera en la región ha provocado enfermedades, mayoritariamente afectados los menores y los adultos mayores.

Junto a esta pandemia, los habitantes de esta misérrima comunidad guerrerense enfrentan la falta de empleo, siendo que las actividades de autoconsumo, como la pesca, han desaparecido por la cantidad de agentes contaminantes vertidos a las cuencas y los ríos del área. Junta esta tristísima realidad ahora también la delincuencia azota esta región del país.

Los habitantes de Nuevo Balsas, como David contra Goliat, han pedido la intervención de diversos institutos y organismos nacionales, además de locales para frenar la devastación ambiental y para ello, solicitaron a Ramón Navarrete Magdaleno, acompañarlos en su denuncia contra Torex Gold por enfermar a cientos de personas, “estamos enfrentándonos a un monstruo”, dijo el defensor de los derechos humanos sobre este tema.

Este grupo de habitantes de Nuevo Balsas sostiene que la minera les ha traído más afectaciones que beneficios. Desde que comenzó a explotar minerales –eso apenas el año pasado, aunque inició exploraciones desde 2007– las detonaciones de mediodía cimbran el pueblo, y eso ahuyenta a la mojarra. Nuevo Balsas está ubicado a la ribera de la presa El Caracol; cuando la CFE los reubicó (en 1986) a cambio de permitir la construcción de la hidroeléctrica les generó una fuente de empleo: el cultivo y pesca de la mojarra.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería con el arribo de esta actividad, también les llegó la delincuencia, soltó uno de sus habitantes, mismo que pidió obviaran su nombre por seguridad. En las negociaciones de renta de tierras entre la minera y Nuevo Balsas, los ejidatarios –que no rebasan los 100, cuando en la comunidad viven más de dos mil habitantes– no negociaron beneficios para todos los habitantes pueblo.

A este grupo les ronda en la cabeza, según dijo, que la contaminación, producto de la explotación de oro y otros minerales en Nuevo Balsas, ya comenzó a hacer de la suyas en el pueblo, por ejemplo, notó que les da gripa y tos más seguido y que en la piel les salen ronchas. A los trabajadores u obreros de la minera, ya tienen lesiones en la piel; un empleado del área de filtros, que se supone en el último eslabón del proceso de separación del mineral de la roca, denunció que la mayoría de sus compañeros tienen llagas.

La contaminación supone está por todos lados del pueblo –la minera sólo está tras una loma de distancia de los habitantes– (“dos kilómetros si fuera en línea recta”): en el suelo, aire y agua. El mismo hombre que pidió su anonimato, planteó a Navarrete Magdaleno que les ayude a gestionar que la Universidad Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizar pruebas toxicológicas para saber el nivel de toxicidad en el ambiente y en sus cuerpos.

Hace días estuvieron en el pueblo personal de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) levantando algunas muestras para practicar exámenes, que a ciencia cierta no saben de qué se tratan, pero aducen una complicidad entre la empresa, gobierno y universidad (administración central). En síntesis: rechazaron que sea la Uagro la institución encargada de las pruebas. No confían.

La nota en Quadratín México.