CHILPANCINGO, Gro. 4 de enero de 2015.- Conforme al portal SinEmbargo, será el próximo 10 de enero de 2015 cuando la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) iniciará la búsqueda de los 42 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en el municipio guerrerense de Iguala y quienes habrían sido calcinados en “hornos del Ejército”.

 

Los integrantes de la Asamblea Nacional Popular adelantaron, por la vía del vocero Felipe de la Cruz, que los padres de familia continuarán en exigencia de que se abran los cuarteles del Ejército para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, ya que ellos pueden decir “con mucha seguridad que fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos”.

 

Este día el diario La Jornada publicó la nueva hipótesis en la que trabajan los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, la cual plantea que probablemente los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa habrían sido llevados a crematorios del Ejército y en privados.

 

“La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)”, dijo el doctor Jorge Antonio Montemayor a la periodista Sanjuana Martínez.

 

Se trata de los mismos investigadores que el pasado 10 de diciembre desmontaron la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) que aseguraba que los estudiantes desaparecidos habían sido incinerados en un basurero del municipio de Cocula. Por ahora, están realizando una búsqueda de información sobre la actividad de los crematorios militares a través no sólo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),

 

“¿Cuál es el problema para que nos permita revisar la bitácora de uso de sus crematorios y los recibos correspondientes de consumo de gas del año reciente para observar de forma transparente si hubo un incremento en el gasto”, dijo Montemayor Aldrete.

 

Y agregó que “aunque el Ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda”.

 

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