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ACAPULCO, Gro., 13 de noviembre de 2019.- El ex gobernador Rogelio Ortega Martínez propuso un pacto con grupos de la delincuencia organizada para lograr la pacificación de la entidad y el país, aunque con la intermediación de la Iglesia católica.
“Ninguna autoridad sentada en la mesa de negociación… para eso están los interlocutores y la Iglesia católica está dispuesta”, dijo, durante su participación como invitado a la sesión semanal del Grupo ACA.
El académico aplaudió la iniciativa impulsada por la institución religiosa y reconoció como punto de partida del proceso de pacificación, el decálogo Compromiso por Guerrero y con la Paz que presentó el actual arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, cuando lo fue de Acapulco.
También reconoció las negociaciones que encabeza el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para evitar enfrentamientos entre grupos confrontados en la Sierra guerrerense.
Tras presentar la conferencia Narcoviolencia, mercado y Estado, el politólogo e investigador expuso que fue gracias a la intervención de la Iglesia católica que él logró establecer una tregua con los cárteles del crimen organizado durante su gobierno interino hace cinco años.
Ortega Martínez contó cómo ocurrió el primer encuentro con el arzobispo Garfias Merlos e indicó que fue un acercamiento por “necesidad de colaboración recíproca”, para establecer una tregua “a través de quienes tienen influencia (los sacerdotes)” en un sector de la población con profundas raíces católicas.
Antes, advirtió que los delincuentes se empoderaron y rebasaron a las instituciones, se infiltraron en la Marina y el Ejército, y financiaron campañas políticas. Señaló que el Estado mexicano está debilitado y penetrado por el crimen organizado.
Por otra parte, propuso al nuevo gobierno federal que “se le aplique el antidoping” a todo aquel que quiera gobernar, y que “se haga un estudio con las instituciones de inteligencia y evitar que se infiltren gente como los Abarca”.
En su conferencia, indicó que delitos como el secuestro y el cobro de piso avanzaron por la resistencia de un sector de los empresarios a pagar cuotas y a “colaborar con ellos”.
En otro tema, comentó las negociaciones que estableció para conseguir lo que llamó “pacificación” de la entidad luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los reclamos de los grupos sociales durante su interinato.
Por último, Rogelio Ortega afirmó que fue el gobierno federal el que tomó el control de la manifestación que se aproximaba al Fórum en la zona Diamante en febrero de 2015, en la que murió el profesor Claudio Castillo Peña.