CHILPANCINGO, Gro., 22 de junio de 2016.- El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández denunció que a tres años de que fueran desplazadas más de 15 familias de la comunidad La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, el gobierno del estado ha incumplido con los servicios y derechos básicos de los que fueron reubicados en comunidades de Tepango y La Unión, en el municipio de Ayutla.

Olivares Hernández reveló que 12 familias de la comunidad de Quetzalcoatlán, en el municipio de Zitlala, que fueron desplazados en enero tras la irrupción de un grupo armado, regresaron a su comunidad pero sin servicios médicos y de educación para los niños.

En conferencia de prensa, esta tarde en esta ciudad capital, Manuel Olivares Hernández  recordó que entre 2005 y 2012, en la comunidad de la Laguna, fueron  asesinadas cerca de 30 personas, luego de ser  perseguidas por delincuentes que saquearon los bosques del ejido Huajes de Ayala, hecho que provocó el desplazamiento de diversas familias en Puerto Las Ollas, donde buscaron refugio en abril de 2011, pero ante la falta de ayuda del gobierno regresaron a La Laguna.

Posteriormente, Manuel Olivares dijo que nueve familias fueron trasladadas a la comunidad de La Unión y seis más a la comunidad de Tepango donde sufren desnutrición, carecen de agua potable, atención médica, alimentos y tierras para sembrar. Además de que en las casas, se filtra el agua y están en riesgo de caerse.

También indicó que además de las familias en Ayutla, 16 más se quedaron en una comunidad de la Sierra de Petatlán, a quienes tampoco se les ha cumplido con los servicios básicos de salud, vivienda y educación.

En el caso de Quetzalcoatlán, en el municipio de Zitlala, dijo que 12 familias regresaron al pueblo luego de que el gobierno del estado los apoyara con ocho mil pesos y el resguardo de la Policía del Estado, pero aseguró que no hay garantía de vida, porque las familias no pueden hacer sus actividades por temor.

Aseguró que en la cabecera de Zitlala, continúan Quetzalcoatlán familias que se niegan a regresar  y el gobierno del estado, no ha atendido las peticiones.

El activista demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores a que cumpla la Ley Número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero.