CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre 2017.- Expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han llamado una vez más al Estado mexicano a rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá este jueves al Pleno del Senado de la República, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta emitida en un comunicado.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, agrega el escrito, que en un hecho sin precedentes, pronuncian conjuntamente siete procedimientos especiales, incluyendo al el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad.

Así como Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público”, puntualizaron.

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

Sigue la nota aquí.