CHILPANCINGO, Gro., 12 de junio de 2016.- El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno califico como “insuficientes” los recursos que emplea el gobierno del estado al combate de la violencia respecto de lo que emplea el gobierno federal.

En entrevista vía telefónica, Navarrete Magdaleno dijo que “ante la ola de violencia que se registra en el país, la Federación invierte 163 mil millones de pesos cada año, en tanto que el gobierno del estado gasta hasta mil 200 millones de pesos en este rubro para hacerle frente a la delincuencia, lo que resulta insuficiente para poder combatir al crimen organizado”, dijo.

Navarrete Magdaleno aseguró que “la inseguridad no es exclusiva de la Ciudad de México ni de Guerrero sino que se ha extendido por varios países, pero es de resaltar que en los últimos años, tanto en el Distrito Federal como en nuestra entidad sureña se han dado muchos hechos de violencia y los asesinatos se han incrementado considerablemente y podrían ser comparados con las ocurridas en la Revolución Mexicana”.

Otro dato que reveló es que entre 2006 y 2011 los problemas de violencia agudizaron, y realmente no se sabe qué fue lo que pasó, pero los índices de violencia se dispararon de manera muy alarmante, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH) tuvieron que realizar una profunda encuesta.

“El 85 por ciento de las víctimas de algún delito no denunciaron los hechos porque lo consideraban una total pérdida de tiempo, mientras que el 95 por ciento de los delincuentes  no terminaban sentenciados, elevando al tope los índices de impunidad en prácticamente todo el país”, indicó.

El ombudsman guerrerense expuso que el 80 por ciento de los encuestados consideraron que podían sobornar a los jueces y el 80 por ciento de las órdenes de aprehensión liberadas no se cumplieron, además de que el 45 por ciento de la población carcelaria no había recibido una sentencia y los procedimientos penales tardaban hasta 12 años en cerrarse porque las autoridades no encontraban a los testigos de cargo.