WASHINGTON, Estados Unidos. 2 de febrero de 2015.- Previo a que México sea revisado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del plagio y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el organismo internacional recibió un informe desde tierra azteca donde se destacan “avances sustantivos” en la protección a los derechos humanos en el país, ello “gracias a un proceso de trasformación estructurales”.

 

Según precisa Animal Político, aunque el informe fue enviado el pasado 11 de marzo de 2014, el mismo fue analizado por ONU hasta este mes de enero ya que no existían índices de “preocupaciones y recomendaciones” para el Estado Mexicano en su momento, ello aún cuando la Procuraduría General de la República (PGR) maneja el reporte de 9 mil 790 personas desaparecidas tan sólo durante la actual administración gubernamental.

 

En el texto, el Estado mexicano destaca que “se han implementado al menos 8 acciones con las cuales México cumple con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas”, no obstante, sólo hace mención de 4 medidas concretas: (1) La integración de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas; (2) la presentación de una iniciativa para armonizar la tipificación del delito de desaparición forzada de personas con los estándares Internacionales; (3) la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y (4) la transformación de la PGR hasta convertirla en una Fiscalía General, proceso que aún se encuentra en fase de desarrollo.

 

Aunque en el texto de 47 páginas se reconoce que existen “importantes retos” en materia de derechos humanos, considera que México “cuenta con el marco jurídico más favorecedor para los derechos humanos que haya tenido en su historia, con la generación de políticas públicas basadas en estándares internacionales”.

 

Esta será la primera vez que la ONU revisará la actuación del Estado Mexicano para combatir la desaparición forzada, considerada un delito de lesa humanidad. Y sucede en medio de una severa crisis, luego de la desaparición de 43 estudiantes del estado de Guerrero, de quienes aún se desconoce su paradero y cuya investigación por parte de la Procuraduría General de la República prácticamente se ha dado por concluida.

 

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